Elecciones: presidente Petro insta a la ciudadanía a impugnar mesas con irregularidades

El presidente Gustavo Petro se dirigió este martes a la ciudadanía en alocución presidencial con tres medidas concretas para blindar las elecciones de 2026: ordenó a la Policía Nacional capturar a compradores de votos y delincuentes contra el sufragio, anunció el rastreo de plataformas digitales de transferencias de dinero para identificar redes de compra de votos, e instó a los testigos electorales a impugnar masivamente mesas con irregularidades el día de los comicios. La intervención amplió y ratificó las denuncias que  había publicado días antes en X sobre la vulnerabilidad del sistema de escrutinio y el papel de Thomas Greg & Sons en el proceso electoral.

El Presidente además anunció que medirá el desempeño de los oficiales de Policía para efectos de ascenso con base en dos indicadores: el número de capturas por delitos electorales y la tasa de homicidios en sus jurisdicciones. La medida convierte la protección del voto en un criterio explícito de carrera dentro de la institución.

Rastreo de plataformas digitales para detectar compra de votos

Una de las medidas anunciadas en la alocución fue el rastreo de plataformas digitales de transferencias de dinero —Nequi, Daviplata y similares— para identificar transacciones asociadas a la compra de votos. El gobierno considera que ese canal se ha convertido en el principal mecanismo de pago de las redes clientelares en la antesala de los comicios, por la trazabilidad que dejan las transferencias electrónicas y la masificación de su uso en zonas rurales y semiurbanas.

El contexto inmediato de la alocución fueron 14 hechos relacionados con delitos contra el sufragio ya reportados en departamentos como Antioquia, Sucre, Cauca, Meta y La Guajira. El mandatario refirió estos casos como evidencia del patrón que había descrito días antes en X: redes clientelares que operan aprovechando las vulnerabilidades del software de preconteo para prefigurar resultados antes de la jornada de votación.

Por esa razón, insistió en exigir a los mandos de la fuerza pública a capturar a los compradores de votos e incluso afirmó que medirá este resultado a la hora de garantizar los ascensos de oficiales junto con la tasa de homicidios en sus áreas de operación.

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Thomas Greg, el fallo incumplido y el llamado a impugnar mesas

La alocución reiteró punto por punto la denuncia que el presidente había reiterado en los últimos días: el desacato a la sentencia del Consejo de Estado de 2018, que ordenó a la Organización Electoral adquirir software propio con trazabilidad completa; la continuidad de Thomas Greg & Sons como operador del preconteo y el escrutinio inicial con un contrato de 2,75 billones de pesos; y la ausencia de una auditoría técnica independiente del software que será usado el día de las elecciones.

Desde esa base, el mandatario reiteró el llamado a los testigos electorales a impugnar la mayor cantidad de mesas posibles el día de las elecciones, para forzar la apertura de urnas ante jueces de las comisiones escrutadoras. El llamado busca replicar lo que, según el presidente, ocurrió en 2022, cuando la apertura de urnas impugnadas permitió recuperar más de 500.000 votos que habían desaparecido del preconteo en perjuicio de su coalición.

El llamado a la ciudadanía: no vender el voto

El jefe de Estado cerró su intervención con un llamado directo a la ciudadanía a no vender el voto y a ejercer el sufragio con libertad. Enmarcó la compra de votos no solo como un delito sino como el mecanismo por el cual las redes de poder tradicional garantizan su reproducción electoral al margen de la voluntad popular. El rastreo de plataformas digitales, dijo, apunta precisamente a desmantelar esa cadena de pago antes de que llegue a las urnas.

El mandatario sostuvo que la combinación de tres frentes —capturas policiales, rastreo financiero digital e impugnación masiva de mesas— es la única manera de ejercer control ciudadano sobre un proceso electoral en el que, según su denuncia, el 92% de la tecnología está en manos de una empresa privada sin auditoría técnica independiente y en desacato a una orden judicial vigente desde 2018.

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