28 horas de zozobra vivió el país, luego de que sobre las 11:30 a. m. del 6 de noviembre de 1985, la guerrilla urbana del M-19 se tomara el edificio del Palacio de Justicia, ubicado en pleno corazón de la capital, al costado norte de la plaza de Bolívar. El hecho dejó un saldo de 94 personas fallecidas, de las cuales solo han podido reconocerse 68. A 39 años de este trágico suceso, Señal Memoria se une a la conmemoración que demanda recordar para no olvidar.
El militante del M-19 Álvaro Fayad fue la persona encargada de planear la toma del Palacio de Justicia en una operación llamada “Antonio Nariño, por los Derechos del Hombre”. Se demoró seis meses en planearla, tiempo durante el cual militantes de esa guerrilla fueron capturados merodeando el Palacio con planos de la edificación. Además, las Fuerzas Militares y la Sijín habían recibido mensajes anónimos el 16 de octubre de 1985, en los que se anunciaba la ocupación guerrillera. Sin embargo, hicieron caso omiso a todas las advertencias y por razones aún desconocidas, el día anterior a la toma, fueron retirados veintidós policías que custodiaban el lugar y quedaron, únicamente, seis celadores de una empresa privada a cargo de la seguridad del Palacio.
Como lo mostró el Noticiero 24 Horas, en su emisión de las 7:00 p. m. por la primera cadena, fue así como entre 11:00 a. m. y 11:40 a. m., del 6 de noviembre de 1985, siete militantes del M-19 no tuvieron problema en entrar por la puerta principal, mientras que otros veintiocho entraron en camiones por el parqueadero. Cuando la mayoría de los guerrilleros daban los primeros tiros contra guardias y guardaespaldas desprevenidos en el sótano del Palacio, dos milicianos, que se hicieron pasar por estudiantes de Derecho, se encargaron de tomar los pisos restantes.
Tras la toma, los altos mandos de las Fuerzas Armadas de Colombia decidieron recuperar el Palacio a través de un operativo militar y de inteligencia. De manera infructuosa, agentes del entonces F2 intentaron retomar el edificio. Ante su frustración, el Ejército Nacional optó por rodear el Palacio con tanquetas, tal como lo podemos apreciar en estas imágenes huérfanas preservadas en el archivo de Señal Memoria:
En medio de un tiroteo constante de ambos lados, la radio se encargaba de transmitirle al país lo que estaba ocurriendo, a través de entrevistas a testigos que desde afuera o adentro padecían los trágicos hechos. Quizás la voz más recordada sea la del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Alfonso Reyes Echandía, que en medio del fuego cruzado rogaba para que el gobierno del presidente Belisario Betancourt decretara un cese al fuego.
Sin embargo, la entonces Ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, ordenó parar las entrevistas y sus respectivas publicaciones y, en su lugar, un partido de fútbol sonó en las emisoras, mientras en los televisores se proyectaba el juego Millonarios vs. Unión Magdalena. Entre tanto, el Ejército Nacional tomó el Museo de la Independencia – Casa del Florero, ubicado al costado nororiental de la plaza de Bolívar, como base de operaciones, por lo que las personas que eran sacadas con vida del Palacio fueron trasladadas hasta el museo para ser interrogadas.
Como lo presentó la serie documental Holocausto del Palacio de Justicia, los militares y la policía creyeron que los guerrilleros se estaban vistiendo de civiles para salir ilesos de la toma o que había milicianos infiltrados que trabajaban en el Palacio. Por lo tanto, los sobrevivientes fueron vistos como potenciales sospechosos. Como consecuencia, no todos los que fueron llevados al museo aparecieron luego con vida y aún hoy sigue habiendo desaparecidos. Horas después, el presidente de la República, Belisario Betancourt, hizo un comunicado público, donde explicaba las razones por las cuales nunca se dio la orden estatal de alto al fuego.
Según los datos del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), durante el transcurso del operativo, 12 personas fueron desaparecidas forzosamente, 4 fueron torturadas y un magistrado auxiliar fue desaparecido y luego ejecutado extrajudicialmente por agentes de la fuerza pública. Más de 90 personas murieron dentro del Palacio, incluyendo civiles y magistrados. Por estos motivos, en 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) halló responsable al Estado colombiano de graves violaciones de derechos humanos, poniendo de manifiesto la reacción desproporcionada de las fuerzas de seguridad del país.
Luego de 39 años de este oscuro episodio de la Historia nacional, es mucho lo que falta para el esclarecimiento de los hechos. Si bien veinte años después del “Holocausto del Palacio de Justicia” se creó la Comisión de la Verdad, que se encargó de producir un informe final sobre lo ocurrido durante la toma y retoma del Palacio, aún siguen existiendo muchos vacíos en las investigaciones.
En noviembre de 2015, solo después de 30 años, el Estado colombiano reconoció su responsabilidad y pidió perdón a las víctimas, a través de la figura del entonces presidente de la República Juan Manuel Santos, quien, acatando una sentencia de la CIDH, afirmó que hubo fallas de los agentes del Estado en la retoma del Palacio de Justicia.
A la fecha, solo existe una condena en firme, en contra del general retirado Jesús Armando Arias Cabrales, por la desaparición forzada de 5 de las 12 víctimas, imponiéndose una pena de 36 años de cárcel; mientras la condena en contra del coronel Luis Alfonso Plazas Vega, por la desaparición forzada de Irma Franco y Carlos Rodríguez Vera, de 30 años de cárcel, fue revocada en 2015 por la Corte Suprema de Justicia, poniendo a Plazas Vega en libertad después de permanecer ocho años en prisión. De la misma manera, aún están pendientes por pagar a las familias de las víctimas algunas indemnizaciones y el país sigue reclamando cinco desaparecidos. Que esta fecha sea un motivo más para evocar la reconciliación y la no repetición.
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