Facebook e Instagram afrontan un juicio que puede redefinir las reglas de las redes sociales para menores

Meta se enfrenta en Estados Unidos a uno de los desafíos judiciales más graves de su historia. Desde el 18 de agosto, la empresa matriz de Facebook e Instagram comparece ante un tribunal federal de Oakland, California, en un proceso promovido por una coalición de 29 estados que sostiene que la compañía diseñó deliberadamente sus plataformas para mantener a los menores conectados durante más tiempo, pese a conocer los riesgos asociados con ese modelo.

La dimensión del caso va mucho más allá de una disputa por contenidos publicados por usuarios. Los fiscales generales cuestionan directamente el diseño y el modelo de negocio de las plataformas: algoritmos de recomendación, desplazamiento infinito, reproducción automática, notificaciones y otras funciones que, según los demandantes, habrían sido concebidas para maximizar la participación de los usuarios jóvenes.

Las acusaciones incluyen posibles violaciones de leyes estatales de protección al consumidor y de la legislación federal de privacidad infantil, incluida la Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA). California sostiene además que Meta recopiló información de menores de 13 años sin obtener el consentimiento parental exigido por la ley.

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Un juicio que pone en cuestión el funcionamiento de Instagram y Facebook

El proceso es especialmente relevante porque los estados no buscan únicamente una compensación económica. También pretenden que Meta modifique elementos fundamentales de sus redes.

Entre las medidas planteadas están restricciones a determinadas funciones de diseño, cambios en los sistemas de recomendación y limitaciones a mecanismos que favorecen un uso prolongado, como el desplazamiento infinito y determinados sistemas de notificaciones y métricas de interacción. Las autoridades sostienen que, si las acusaciones son demostradas, no bastaría con imponer una multa: habría que modificar las prácticas que consideran responsables del daño.

El alcance económico potencial también es extraordinario. Según las estimaciones citadas durante el proceso, las sanciones y daños reclamados podrían alcanzar decenas o incluso cientos de miles de millones de dólares, dependiendo de cómo se calculen las infracciones. 

Meta rechaza las acusaciones. La compañía sostiene que no diseñó sus servicios para perjudicar a los menores y argumenta que ha desarrollado herramientas de protección y eliminado numerosas cuentas de usuarios que no cumplen con las edades mínimas.

Su defensa también cuestiona que no puede atribuirse a una sola aplicación la compleja evolución de la salud mental de los adolescentes.

El caso llega después de importantes derrotas para Meta

La gravedad del juicio de Oakland se entiende mejor por el contexto. En los últimos meses, Meta ha sufrido varias derrotas judiciales relacionadas con la seguridad y el bienestar de los menores.

En Nuevo México, un juez ordenó este mes que la compañía pagara 567 millones de dólares adicionales y estableció reformas de amplio alcance para Facebook e Instagram. Sumada a una sanción civil de 375 millones de dólares impuesta previamente por un jurado, la responsabilidad económica de Meta en ese estado asciende a 942 millones de dólares. El tribunal también impuso medidas como limitar las notificaciones nocturnas, restringir determinadas métricas de interacción y establecer un límite de uso para adolescentes.

El precedente resulta particularmente significativo porque el tribunal de Nuevo México aceptó una teoría de “molestia pública” para responsabilizar a Meta por los daños atribuidos a sus productos y ordenó medidas estructurales supervisadas judicialmente durante cinco años.

En Los Ángeles, otro jurado declaró negligentes a Meta y Google en un caso presentado por una joven que afirmó haberse vuelto adicta a las redes sociales durante su infancia. La decisión terminó con una indemnización total de 6 millones de dólares, incluidos daños compensatorios y punitivos; Meta recibió el 70% de esa responsabilidad y posteriormente apeló el fallo.

Los países endurecen las reglas para proteger a los menores

El proceso contra Meta se desarrolla mientras distintos gobiernos avanzan hacia una regulación más estricta del acceso de niños y adolescentes a las redes sociales. Australia fue el primer país en establecer una prohibición nacional: desde diciembre de 2025, las plataformas incluidas en la norma deben impedir que los menores de 16 años tengan cuentas y están obligadas a aplicar mecanismos de verificación de edad.

El modelo australiano ha comenzado a ser seguido o estudiado en otros países. Nueva Zelanda anunció este 24 de agosto un proyecto de ley para prohibir las redes sociales a los menores de 16 años, que obligaría a las plataformas a verificar la edad y podría imponer multas de hasta el 10% de sus ingresos globales en caso de incumplimiento. La propuesta todavía debe superar el proceso legislativo y enfrenta oposición política. 

En Francia, el Parlamento aprobó en julio una ley que prohibía el acceso a las redes sociales a menores de 15 años, pero el Consejo Constitucional la anuló el 14 de agosto al considerar que vulneraba de manera desproporcionada la libertad de expresión y que no ofrecía suficientes garantías sobre la verificación de edad y la privacidad. El Gobierno francés ha anunciado su intención de reformular la iniciativa.

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Otros países también han optado por elevar la edad mínima o preparar restricciones. Dinamarca ha planteado prohibir el acceso a determinadas redes a menores de 15 años, con excepciones mediante autorización parental; Malasia anunció restricciones para menores de 16 años; y España ha anunciado medidas para impedir el acceso de menores de 16 años y reforzar la responsabilidad de las plataformas. 

El debate también se extiende a otros modelos de regulación. En Europa se estudian sistemas de verificación de edad que permitan comprobar si un usuario cumple la edad mínima sin revelar necesariamente su identidad completa a las plataformas. El objetivo común es trasladar parte de la responsabilidad desde los padres y los propios menores hacia las empresas tecnológicas.

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