Defensoría pide investigar penalmente a "El Gury" por proponer bombardear territorios según su votación

La Defensoría del Pueblo de Colombia emitió un enérgico pronunciamiento contra el concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez, conocido como "El Gury", luego de que este propusiera públicamente "bombardear" territorios del país en función de los resultados obtenidos allí por la candidatura presidencial de Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial Aida Quilcué. 

Las declaraciones fueron realizadas el pasado martes 23 de junio en sesión del Concejo de Medellín.

El organismo defensor de derechos humanos calificó las afirmaciones como incompatibles con el Estado Social y Democrático de Derecho, señalando que señalar territorios como objetivos militares por sus decisiones electorales desconoce la dignidad humana y pone en riesgo la vida, la integridad y la seguridad de millones de colombianos. "Ninguna diferencia política, ideológica o electoral puede justificar llamados a acciones dirigidas a comunidades enteras", subrayó la entidad en su comunicado oficial.

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Retractación e investigación penal

La Defensoría formuló dos exigencias concretas: solicitó al concejal retractarse públicamente de sus declaraciones y remitió una petición formal a la Fiscalía General de la Nación para que evalúe si las expresiones de Rodríguez configuran conductas delictivas, entre ellas posibles actos de instigación a delinquir, amenazas colectivas o incitación a la violencia política.

El organismo fue enfático en señalar que el fuero derivado del ejercicio de un cargo de elección popular no constituye autorización alguna para promover discursos de odio o incitar ataques contra la población civil.

Un discurso muy peligroso en un país con historia de violencia

La Defensoría advirtió que este tipo de declaraciones resultan especialmente graves en un país atravesado históricamente por la violencia y la persecución política. Asociar territorios y comunidades con la idea de "enemigo" por el sentido de su voto, señaló el organismo, alimenta narrativas de exclusión y profundiza la polarización social.

La entidad también recordó que la Constitución Política protege el pluralismo, la participación política y la libertad de conciencia, y que la libertad de expresión no ampara discursos orientados a promover la violencia o la destrucción del contradictor político.

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El llamado de la Defensoría fue dirigido a todos los liderazgos políticos, sociales e institucionales del país: actuar con responsabilidad democrática, desescalar el lenguaje violento y reconocer al adversario político como un actor legítimo. "Defender la democracia implica proteger el derecho de todas las personas a pensar distinto, a participar en política y a vivir libres de violencia", concluyó el organismo.

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