Gobierno pone en marcha la implementación del Acuerdo de Escazú para fortalecer la gobernanza ambiental

El Gobierno creó la Comisión Intersectorial para implementar el Acuerdo de Escazú y adoptó una hoja de ruta con 18 acciones prioritarias que buscan consolidar la participación ciudadana, la transparencia y la protección de los defensores ambientales.

Colombia inició una nueva etapa en la consolidación de su política ambiental con la puesta en marcha de la implementación del Acuerdo de Escazú, considerado el principal tratado regional sobre acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales. La decisión, oficializada este martes por el Gobierno Nacional, busca traducir en acciones concretas los compromisos adquiridos por el país tras la ratificación del acuerdo en 2022.

El anuncio incluye dos instrumentos clave: la creación de la Comisión Intersectorial para la Implementación del Acuerdo de Escazú (CiEscazú), mediante decreto presidencial, y la adopción de una hoja de ruta con 18 acciones prioritarias, responsables institucionales, cronogramas e indicadores para hacer seguimiento a su ejecución.

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La medida representa un paso significativo para fortalecer la institucionalidad ambiental del país, al establecer un mecanismo permanente de coordinación entre entidades del Estado y promover una mayor articulación con autoridades ambientales, organizaciones sociales, comunidades étnicas, academia y sector privado.

Desde la perspectiva ambiental, la implementación del Acuerdo de Escazú busca mejorar el acceso de la ciudadanía a la información sobre proyectos y decisiones que impactan los ecosistemas, ampliar los espacios de participación en los procesos de toma de decisiones y garantizar mecanismos efectivos de acceso a la justicia frente a conflictos ambientales.

Otro de los ejes centrales es el fortalecimiento de las medidas de protección para las personas defensoras del ambiente, un aspecto de especial relevancia para Colombia, uno de los países con mayor número de conflictos socioambientales y de líderes ambientales en situación de riesgo.

La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, aseguró que el país pasa de la ratificación del tratado a su implementación efectiva mediante una estructura institucional y una hoja de ruta con acciones verificables.

"Hoy fortalecemos la democracia ambiental en Colombia con dos decisiones trascendentales para hacer realidad el Acuerdo de Escazú. Ponemos en marcha la Comisión Intersectorial y presentamos una hoja de ruta con 18 acciones concretas, con responsables, plazos y mecanismos de seguimiento", afirmó.

La nueva Comisión Intersectorial será la instancia encargada de coordinar y supervisar la ejecución de la estrategia nacional de implementación. Además, contará con un Consejo Consultivo integrado por representantes de trece sectores sociales y con comités técnicos especializados, con el propósito de garantizar un diálogo permanente entre el Estado y la ciudadanía.

La hoja de ruta fue construida mediante un proceso participativo que involucró a entidades públicas, autoridades ambientales, pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, organizaciones campesinas, organizaciones sociales, academia, sector privado y personas defensoras del ambiente.

Las 18 acciones priorizadas apuntan a fortalecer la coordinación institucional, mejorar la transparencia en la gestión ambiental, ampliar los mecanismos de participación pública, facilitar el acceso a la justicia ambiental y consolidar estrategias para la protección de quienes defienden los recursos naturales.

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Además, incorpora un esquema de gobernanza con mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas que permitirá evaluar el cumplimiento de los compromisos y hacer seguimiento a los avances de forma transparente.

El Gobierno reiteró que el Acuerdo de Escazú no modifica el régimen de propiedad privada, no implica cesión de soberanía ni crea tribunales internacionales con competencia sobre Colombia. Su alcance, explicó, se concentra en fortalecer derechos ya reconocidos por la Constitución Política y en consolidar instituciones más transparentes y participativas para la gestión ambiental.

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