Proyecto antifracking en Colombia retorna al Congreso con prioridad

La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Lena Estrada, radicó este 22 de julio ante la Secretaría de la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley que busca prohibir en todo el territorio colombiano la exploración y explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos, así como la técnica del fracking.

Esta es la sexta vez que se presenta esta iniciativa ante el Congreso de la República, tres veces durante el anterior gobierno y tres veces bajo la administración del presidente Gustavo Petro.

En su quinta postulación, durante el actual mandato, el proyecto fue presentado en la Comisión Quinta con mensaje de urgencia para acelerar su trámite legislativo. Sin embargo, nunca se asignaron ponentes y, por tanto, la iniciativa se hundió por falta de trámite.

En esta nueva radicación, también se incluyó mensaje de urgencia con el fin de garantizar que se avance rápidamente en su discusión, y se eviten bloqueos similares.

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🧵 Con un fuerte respaldo, la ministra @LenAmazonas radicó hoy el proyecto de ley que prohíbe el fracking en Colombia.
Una decisión firme para cuidar el agua, proteger la vida y avanzar hacia una #TransiciónJusta #NoAlFracking #FrackingDesangreDeLaMadreTierra pic.twitter.com/AeZfQXZM2W
— MinAmbiente Colombia (@MinAmbienteCo) July 22, 2025

La propuesta legislativa busca establecer una prohibición expresa del uso del fracking, una técnica que consiste en la inyección de grandes cantidades de agua con químicos a alta presión para fracturar formaciones rocosas subterráneas y extraer petróleo o gas.

Según el Ministerio de Ambiente, esta práctica representa un alto riesgo para la salud de las comunidades, la biodiversidad, el agua y el aire, y contradice los compromisos climáticos del país.

“El fracking no solo contamina, también enferma y destruye. Esta ley es una respuesta ética a una amenaza ambiental, y defiende el derecho a vivir sanamente, a proteger el agua y a respetar la madre tierra”, señaló la ministra Lena Estrada, al tiempo que destacó que el proyecto está respaldado por evidencia técnica y científica.

Entre los impactos señalados por el Gobierno están: el consumo excesivo de agua (hasta 44 millones de litros por pozo), la contaminación de acuíferos, la generación de residuos tóxicos, la presencia de materiales radiactivos, y la emisión de gases como el metano, que agravan el cambio climático. Casos internacionales, como los documentados en Pensilvania y Nuevo México (EE.UU.), también evidencian afectaciones graves a la salud y los ecosistemas.

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La iniciativa responde al llamado de organizaciones sociales, comunidades, académicos y autoridades ambientales que han alertado sobre los peligros de esta técnica.

Finalmente, indicaron que con este proyecto, el Gobierno busca avanzar hacia una transición energética justa y sostenible, que priorice la vida, el agua y el bienestar colectivo, en línea con los compromisos globales en la lucha contra el cambio climático.

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