Retiran estudio sobre glifosato que negó riesgo cancerígeno durante 25 años

Un artículo clave, publicado en el año 2000 y utilizado por autoridades regulatorias de varios países para sostener que el glifosato no representaba riesgos graves para la salud humana, fue oficialmente retractado por la revista Regulatory Toxicology and Pharmacology debido a graves conflictos de interés y falta de transparencia sobre la participación de Monsanto en su elaboración.

La decisión llega 25 años después de la publicación del estudio, y ocho años después de que procesos judiciales en Estados Unidos revelaran que el texto había sido, en buena parte, escrito o influido por personal de la multinacional que fabricaba el herbicida Roundup, cuyo ingrediente activo es precisamente el glifosato.

Un artículo “de referencia” que ahora queda deslegitimado

El estudio, firmado en 2000 por Gary M. Williams, Robert Kroes e Ian C. Munro, concluía que el glifosato no era carcinógeno para los seres humanos y se convirtió en una de las publicaciones más citadas en el debate científico y regulatorio sobre este herbicida. Diversas agencias regulatorias lo usaron como respaldo para mantener autorizaciones y registros del producto en múltiples países.

En su nota de retractación, difundida a finales de noviembre, la revista señala “problemas críticos” que socavan la integridad académica del artículo y de sus conclusiones. Entre ellos, la omisión de estudios de carcinogenicidad que ya estaban disponibles en el momento de la publicación, la falta de información sobre el grado real de participación de empleados de Monsanto en la redacción del texto y la no revelación de beneficios económicos recibidos por los autores de parte de la compañía.

La editorial Elsevier, responsable de la revista, indicó que el proceso para revisar el artículo comenzó una vez el equipo editor actual tuvo conocimiento formal de las denuncias. Sin embargo, las advertencias no eran nuevas: ya en 2002 un grupo de científicos había enviado una carta cuestionando la independencia editorial de Regulatory Toxicology and Pharmacology y señalando posibles conflictos de interés vinculados con Monsanto.

Los “Monsanto Papers” y el fantasma del ghostwriting

La retractación se produce ocho años después de que salieran a la luz los llamados “Monsanto Papers”: miles de documentos internos divulgados en procesos judiciales, que mostraban cómo empleados de la compañía participaron activamente en la redacción del artículo sobre glifosato y en otros trabajos científicos que minimizaban sus riesgos.

Esos documentos incluyeron correos electrónicos en los que una científica de Monsanto agradecía a un “grupo de personas” por su trabajo en el artículo y mencionaba incluso el envío de camisetas con la marca Roundup. La empresa, posteriormente adquirida por Bayer, ha insistido en que su contribución no alcanzaba el nivel de autoría formal y que fue debidamente mencionada en los agradecimientos, pero no ha respondido públicamente a todos los señalamientos sobre ghostwriting y pagos no declarados.

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La historiadora de la ciencia Naomi Oreskes, de la Universidad de Harvard, y otros especialistas que venían documentando la influencia del artículo, celebraron la retractación, pero advirtieron que el retraso de 25 años revela fallas profundas en la capacidad del sistema científico para detectar y desactivar a tiempo investigaciones marcadas por conflictos de interés.

Glifosato: un debate abierto entre agencias y tribunales

El glifosato es el herbicida más utilizado en el mundo desde la década de 1970. Su uso se disparó a partir de los años noventa, con la expansión de cultivos genéticamente modificados resistentes a este químico.

En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud, lo clasificó como “probablemente carcinógeno para los seres humanos” (grupo 2A), basándose en evidencias limitadas en humanos, suficientes en animales de laboratorio y en mecanismos biológicos compatibles con la carcinogenicidad.

Otras agencias, como la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), han mantenido posiciones más benignas respecto al riesgo de cáncer asociado al glifosato, aunque sus evaluaciones han sido objeto de controversias y revisiones.

Mientras tanto, Bayer, que compró Monsanto en 2018, enfrenta miles de demandas de agricultores y trabajadores expuestos a Roundup, que atribuyen a ese herbicida distintos tipos de cáncer. Algunos juicios han terminado en condenas multimillonarias o acuerdos extrajudiciales por miles de millones de dólares.

Lo que deja la retractación: ciencia, poder corporativo y regulación

Especialistas consultados por medios internacionales subrayan que la retirada del artículo no zanja por sí sola el debate científico sobre el glifosato, pero sí obliga a revisar cómo un texto marcado por conflictos de interés pudo convertirse en pieza central de la arquitectura regulatoria durante décadas.

Para investigadores como Nathan Donley, del Centro para la Diversidad Biológica, y el epidemiólogo John Ioannidis, de la Universidad de Stanford, el caso ilustra un problema estructural: la presencia de estudios redactados parcial o totalmente por empresas con intereses directos en los resultados, sin que esa influencia quede clara para la comunidad científica, los reguladores y la opinión pública.

La retractación del estudio no implica la retirada inmediata del glifosato de los mercados, pero sí reabre preguntas sobre la consistencia de las evaluaciones de riesgo que han sostenido su uso intensivo en la agricultura global. En paralelo, varios países han optado por restringirlo, reducir su uso o establecer calendarios de eliminación gradual, mientras se acumulan nuevas investigaciones y decisiones judiciales.

En ese escenario, el retiro del artículo considerado durante años “la prueba científica” de la seguridad del glifosato refuerza una advertencia que científicos críticos vienen formulando desde hace décadas: la independencia de la ciencia regulatoria no es un detalle técnico, sino una condición de fondo para proteger la salud pública, el medioambiente y el derecho de las sociedades a contar con información libre de la cooptación corporativa.

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