Caso San Andrés: ¿Qué está pasando entre Colombia y Nicaragua?

Este lunes arrancaron en el Tribunal de la Haya una serie de audiencias públicas que tienen como fin determinar supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe entre Colombia y Nicaragua.

Para ello, Colombia tiene un equipo de expertos litigantes, liderados por el exprocurador Carlos Gustavo Arrieta y el exmagistrado Manuel José Cepeda, quienes representarán al país en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Durante dos semanas, los 15 magistrados que integran la CIJ podrán escuchar los argumentos de Colombia y Nicaragua, luego de que el país centroamericano interpusiera una nueva demanda en noviembre de 2013.

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Esto, luego de la sentencia que en 2012 reconoció su soberanía sobre miles de kilómetros de zona económica que rodean el archipiélago colombiano de San Andrés y Providencia.

Las pretensiones

En este nuevo encuentro jurídico, la Corte evalúa si Nicaragua, como lo asegura su presidente, Daniel Ortega, tiene razón al sostener que Colombia habría violado el Derecho Internacional con las operaciones de la Armada Nacional en el Mar Caribe.

Por su parte, Colombia defenderá su derecho a ejercer control sobre su territorio marítimo, así como la libertad para proteger a los habitantes del Archipiélago, cumplir con deberes internacionales en materia de lucha contra el narcotráfico y hacer operaciones de control.

Sin embargo, la nación centroamericana busca que el tribunal declare “uso de la fuerza y amenaza”, debido a la constante presencia de embarcaciones de la Armada; lo cual, según ellos, los pone en peligro.

Según la defensa del equipo colombiano, Nicaragua está desconociendo argumentos contrarios al Derecho Internacional, cuando asegura que navegar y sobrevolar el territorio, representa una amenaza.

¿Y la soberanía sobre San Andrés?

Según explicó el equipo jurídico defensor de Colombia en este caso, la soberanía sobre el territorio que comprende el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, no está en riesgo.

Este caso sobre supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe no es un caso de delimitación marítima ni de soberanía territorial.