Desde Tibú, el mandatario presentó avances del Plan Catatumbo, pero alertó sobre la eventual desfinanciación de proyectos sociales si el alto tribunal restringe medidas clave.

La Corte Constitucional avaló únicamente los apartados del decreto relacionados con la emergencia humanitaria.

Debilitamiento de la inteligencia militar, reducción de capacidades antidrón y limitaciones en la movilidad aérea, serían las consecuencias sobre el despliegue de la fuerza pública en la región del Catatumbo.

Sin embargo, el Gobierno prorrogó por 90 días 11 decretos expedidos para el Catatumbo y 15 municipios más de Norte de Santander.