Este órgano de control dio a conocer más detalles sobre la Reforma laboral y los recursos asignados a las entidades que de acuerdo con la Resolución de Sectorización componen el Sector Trabajo.
La garantía de los derechos laborales fue tema principal en el Foro "Una mirada desde el control fiscal a la reforma laboral", organizado por la Contraloría General de la República el cual se suma a los eventos conmemorativos en el marco del centenario de esta entidad, generando espacios de conversación para contribuir a la garantía y fortalecimiento del control fiscal.
Este foro, contó con la Intervención del Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, quien habló de la estrategia institucional de fortalecimiento para el control fiscal y la implementación de políticas públicas que se han realizado mediante estudios sectoriales, seguimiento a la agenda legislativa y análisis de planes y programas gubernamentales; con miras a que la inversión pública logre un mayor y mejor impacto en la población.
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Puntos importantes de los derechos laborales
La propuesta de la Reforma abarca puntos sustanciales tales como el aumento de la protección al empleado por nuevos procedimientos e indemnizaciones por despido, así como el incremento de otros beneficios a los trabajadores (jornada de trabajo, recargo dominical y festivo, licencia de paternidad).
En el seguimiento al Presupuesto General de la Nación, a través de los recursos asignados a las entidades que de acuerdo con la Resolución de Sectorización componen el Sector Trabajo, los cuales sumaron $30,6 billones en la vigencia 2022; así como a los recursos parafiscales por $68,2 billones, entre los que se destacan el aporte a pensiones, ARL, Cajas de Compensación Familiar y Juntas de Calificación de Invalidez tanto Regionales y Nacional. En total son $98,8 billones, los recursos administrados por 82 sujetos de control, vigilados por la Contraloría Delegada para el Sector Trabajo.
Por otro lado la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), realizó un estudio relacionado con el manejo de los recursos públicos colocados en fiducias, del cual se concluyó que durante la vigencia de 2021 fueron administrados $128,6 billones representados en 3.241 negocios fiduciarios, de los cuales el 63% correspondió a pasivos y seguridad social.
entre ellos, 167 hallazgos con presunta incidencia fiscal por $87.352 millones, 30 hallazgos con presunta incidencia penal trasladados a la Fiscalía General de la Nación y 525 hallazgos con presunta incidencia disciplinaria trasladados a la Procuraduría General de la Nación. Así mismo, 65 beneficios de control fiscal por $10.454 millones.
En el año 2020 a la fecha, se han iniciado 79 procesos de responsabilidad fiscal por $63.101 millones, los cuales en su gran mayoría se encuentran en trámite procesal, además de 105 indagaciones preliminares en curso por $60.302 millones.
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Entre los hechos más relevantes encontrados por la Contraloría General de la República, se destacan las deficiencias en la gestión y en el uso de los recursos públicos y parafiscales, en aspectos como, Un inadecuado seguimiento por parte de Colpensiones a los recursos utilizados en la constitución de títulos judiciales, que respaldan las sentencias y procesos de reconocimientos pensionales.
Los derechos laborales con base a la Reforma
Debilidades del Fondo de Solidaridad Pensional adscrito al Ministerio de Trabajo, que administra los Programas de Colombia Mayor y de Subsidio al Aporte para Pensión,en cuanto al cumplimiento de sus funciones, infraestructura y recurso humano para la atención de las funciones que cumple.
. Valor de gastos de administración utilizados por algunas Cajas de Compensación Familiar superior al total de gastos máximos permitidos por la ley.
Uso de recursos de la parafiscalidad, por parte de algunas Cajas de Compensación Familiar, en actividades no incluidas en las permitidas por la ley.
Frente a las irregularidades encontradas el contralor aseguró, "observamos la necesidad fortalecer el Ministerio del Trabajo en su labor de vigilancia y control, para mejorar la garantía de derechos labores; ya que la entidad no cuenta, por ejemplo, con suficientes inspectores de trabajo para lograr efectividad en la fiscalización de las regulaciones. Según el estándar de la OIT, Colombia debería contar con 1.966 inspectores, hoy tiene sólo 904".