Un juez suspendió 80 artículos de la reforma laboral de Milei tras recurso de la CGT, el mayor sindicato de Argentina

Un juez federal argentino suspendió este lunes cerca de 80 de los más de 200 artículos que componen la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei y aprobada por el Congreso en febrero, tras el recurso de amparo presentado por la Confederación General del Trabajo. El gobierno anunció que apelará el fallo.

El magistrado Raúl Ojeda acogió la demanda de la CGT, que acusa a la denominada Ley de Modernización Laboral de inconstitucional, y ordenó la suspensión de los artículos más cuestionados hasta que se resuelva el fondo del planteamiento. "Con el dictado de la cautelar ambas partes procurarán llegar a la sentencia definitiva a la brevedad posible y en paz social", señaló en su fallo.

"Celebramos esta decisión judicial como un paso fundamental en la defensa de los derechos del movimiento obrero organizado", dijo la CGT en un comunicado, reiterando que la reforma implica "una degradación de las condiciones de trabajo y un debilitamiento de la acción sindical".

Qué quedó suspendido

Entre los puntos más sensibles que quedan en suspenso está el Fondo de Asistencia Laboral, el mecanismo diseñado para que los empleadores sustituyan las 'indemnizaciones por despido' tradicionales mediante cuentas de capitalización financiadas con aportes que hoy se destinan al sistema previsional.

El juez cuestionó el mecanismo al considerar que podría fomentar despidos injustificados y alertó sobre la falta de blindaje de esos fondos ante posibles malas inversiones, lo que afectaría directamente los recursos de la seguridad social.

También quedaron suspendidas las disposiciones que incorporaban nuevos rubros a la categoría de servicios esenciales, que imponían coberturas mínimas del 75% o 50% durante una huelga, así como la posibilidad de fraccionar las vacaciones por acuerdo entre empleador y trabajador.

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El contexto de la reforma

La Ley de Modernización Laboral fue aprobada por el Congreso argentino en medio de protestas sindicales y una huelga general. La norma permite extender la jornada diaria de ocho a hasta 12 horas sin pago de horas extras, reduce las indemnizaciones por despido, habilita el pago de salarios en moneda extranjera o en especies, deroga el estatuto de los periodistas y da prioridad a los convenios colectivos por empresa por sobre los sectoriales.

Milei la defendió argumentando que busca crear "un entorno que facilite la contratación, impulse la inversión y permita que el empleo registrado vuelva a expandirse" en un país donde más del 40% de la fuerza laboral está en la informalidad.

La respuesta del gobierno

El Ministerio de Capital Humano rechazó el fallo y anunció la apelación, señalando que la ley es "una herramienta fundamental para la creación de empleo formal, la mejora de la competitividad y el fortalecimiento de la seguridad jurídica de trabajadores y empleadores", y acusó a quienes "pretenden obstaculizar las reformas necesarias para superar el desempleo y el estancamiento".

La CGT había presentado el amparo el 6 de marzo, días después de la aprobación parlamentaria de la reforma, como primera acción de una estrategia judicial más amplia que el sindicato anunció desde el inicio del trámite legislativo.

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