El director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, afirmó que la entidad es víctima de una estrategia de desprestigio y ratificó que no hay pruebas de dichas interceptaciones.

El mandatario negó categóricamente cualquier espionaje ilícito y subrayó que el Estado solo se investigan grandes criminales.

El pronunciamiento surge luego de que se conociera públicamente sobre seguimientos y escuchas no autorizadas al despacho de algunos magistrados.

El caso implica presuntos perfilamientos, espionaje e interceptaciones ilegales dirigidas al personal del alto tribunal, lo cual fue comunicado a la Fiscalía.

El alto tribunal salvaguardó los derechos fundamentales de una mujer que fue excluida de un proceso de selección debido a su embarazo.