Fiscal Barbosa sobre asesinatos de ecologistas: “Hay que evitar la impunidad”

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Oenegé británica Global Witness cifró en 65 los ambientalistas asesinados en 2020 en Colombia.

El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, llamó a "evitar la impunidad" en la muerte de activistas medioambientales en el país andino, una creciente preocupación de las oenegés, aunque defendió que la justicia logró esclarecer más del 50% de los casos. "Cada muerto en Colombia me preocupa. Como funcionario judicial, hay que esclarecer cada crimen, hay que evitar la impunidad", aseguró Barbosa a la AFP en París, en el marco de una gira por Francia y Holanda que incluye además una visita a Ginebra. La oenegé británica Global Witness cifró en 65 los activistas ecologistas asesinados en 2020 en Colombia, uno más que en 2019, y lamenta que las investigaciones no avanzan y muchas de estas muertes quedan impunes. El fiscal general desde febrero de 2020 subraya no obstante que la tasa de esclarecimiento de estos crímenes es de "más del 50% de los casos", una cifra que sube a más del 66% respecto a líderes sociales en su conjunto.

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Autores e investigación

Sobre los autores, Barbosa asegura que "existen empresas criminales atadas a la minería ilegal", la disidencia de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o grupos vinculados al narcotráfico, entre otros. El representante del ministerio público explica que una de las dificultades es el acceso a algunas de las zonas donde ocurren las muertes de líderes sociales, en la "selva" y "donde es complicado aplicar el Estado de derecho". Barbosa aboga así porque el gobierno y los legisladores refuercen la protección de los defensores de los derechos humanos y mejoren la aplicación los acuerdos de paz de 2016 entre el ejecutivo colombiano y las Farc.

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En un reciente informe, la ONU observó un "importante deterioro de la seguridad de las y los excombatientes" de las Farc en tres zonas de Colombia y cifró en 292 los excombatientes muertos desde la firma del acuerdo. Barbosa, que abordará en Ginebra la cuestión el miércoles con la Alta Comisionada de las ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, achacó ese deterioro a la "minería ilegal, narcotráfico, condiciones sociales muy difíciles", entre otras cuestiones. AFP