Revés judicial frena intento de Trump de negar ciudadanía a hijos de migrantes

La política migratoria de Donald Trump recibió su primer freno judicial desde que la Corte Suprema redujo el alcance de las medidas cautelares nacionales. Este 10 de julio, el juez federal Joseph Laplante, desde Concord, New Hampshire, emitió una orden que impide temporalmente la entrada en vigor del decreto presidencial que busca negar la ciudadanía automática a los hijos de migrantes en situación irregular.

La decisión fue motivada por una solicitud de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones defensoras de migrantes, que pidieron certificar como colectiva una demanda en curso. Con esta figura, el recurso adquiere alcance nacional y permite al tribunal emitir medidas que protejan a todos los bebés cuyo estatus de ciudadanía pueda estar en riesgo por la política del gobierno.

La cláusula en disputa

En el centro del debate está la interpretación de la Decimocuarta Enmienda, que garantiza la ciudadanía a “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción”. El gobierno de Trump considera que esta fórmula excluye a los hijos de migrantes sin estatus legal, y con base en esa lectura emitió la orden ejecutiva impugnada.

La demanda colectiva fue presentada el mismo día que el Supremo restringió las medidas cautelares amplias. Entre quienes representan al grupo afectado hay una solicitante de asilo hondureña embarazada y un brasileño cuya esposa dio a luz en marzo mientras él gestiona su residencia legal.

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Una nueva vía de contención

La Corte Suprema había limitado la posibilidad de que jueces federales emitieran fallos con alcance nacional, pero no cerró la puerta a las demandas colectivas. Esa rendija fue aprovechada por las organizaciones litigantes y validada ahora por Laplante, quien consideró que la amenaza de perder la ciudadanía es un daño irreparable y, por tanto, amerita suspender la medida.

A pesar de que la administración Trump defiende su interpretación constitucional y argumenta que el derecho automático a la ciudadanía ha fomentado la migración irregular, el juez desestimó esos planteamientos como insuficientes.

Siguiente capítulo: la apelación

El fallo incluye una suspensión de siete días para que el gobierno pueda apelar. Mientras tanto, se mantiene el bloqueo temporal del decreto. La Casa Blanca ya anticipó su intención de defender la medida ante instancias superiores, y la pugna jurídica apenas comienza.

Más allá de lo inmediato, el caso representa una prueba crítica sobre la vigencia de uno de los principios más emblemáticos de la Constitución estadounidense: el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Y podría convertirse en un nuevo frente de batalla entre el Ejecutivo y el poder judicial en el segundo mandato de Trump.