La autoridad ambiental documentó decisiones operativas que superaron niveles máximos desde 2020 y advirtió riesgos. El monitoreo evidenció incumplimientos persistentes hasta 2026.
El Tribunal declaró la nulidad de la sanción económica impuesta por un juzgado de Málaga a la ministra de Ambiente, Irene Vélez, y dos funcionarios de la cartera, en el proceso por la delimitación del páramo. La responsabilidad recae en quienes estaban en el cargo en 2019.