Fiscalía imputa a 24 integrantes del Ejército Nacional por masacre de 11 personas en Alto Remanso

La Fiscalía descubrió que la tropa mintió al decir que tuvieron un combate con miembros del Grupo Armado Organizado (GAO) Segunda Marquetalia; la verdad fue un ataque indiscriminado contra población civil del caserío alto remanso en zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo.

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Según el fiscal del caso, cuando los habitantes de esta pequeña población finalizaban un bazar, los militares dispararon más de mil quinientas municiones y lanzaron 9 granadas de mano durante dos horas. Dentro del saldo de personas asesinadas, estuvo un gobernador indígena y su esposa, un líder social y un menor de edad; además, quedaron heridos 5 civiles, entre ellos una menor de edad embarazada.

La Corte Constitucional incorporó dentro de su bloque constitucional la protección de “persona protegida” desde la Sentencia C-291/07; este fallo destacó la importancia de la protección de personas civiles en conflictos armados, enfatizando que el Derecho Internacional Humanitario prohíbe cualquier ataque dirigido contra la población civil y exige la protección de personas que no participan directamente en las hostilidades.

La masacre cometida por el Ejército el 28 de marzo de 2022 viola los principios de distinción y proporcionalidad, consagrados por el DIH, ya que hubo un ataque indiscriminado contra la población civil, las cuales fueron excesivas con respecto a la ventaja militar que, supuestamente, las Fuerzas Militares pretendían obtener.

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