En febrero de 2005, militares y paramilitares masacraron a ocho civiles, tres de ellos niños, en las veredas Mulatos y La Resbalosa, en Antioquia y Córdoba.
Veinte años de impunidad y la búsqueda de verdad: la Masacre de San José de Apartadó ante la JEP
23 de Abril 2026, 2:36 PM
El 21 de febrero de 2005, en las veredas Mulatos Medios y La Resbalosa, en los límites entre Antioquia y Córdoba, ocho personas fueron asesinadas con machetes y armas de fuego. Entre las víctimas había tres niños, el más pequeño de apenas 21 meses. Sus cuerpos fueron desmembrados y sepultados en fosas clandestinas. El crimen tardó cinco días en ser descubierto.
Más de dos décadas después, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) continúa procesando a los responsables en el marco de una audiencia de aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad que Colombia observa con la esperanza de cerrar una de las heridas más profundas del conflicto armado.
Lo que ocurrió en Mulatos y La Resbalosa
La barbarie comenzó en la vereda Mulatos Medios, en el corregimiento de San José de Apartadó. Allí fueron asesinados Luis Eduardo Guerra Guerra, líder comunal de la Comunidad de Paz; su compañera Beyanira Areiza, de 17 años; y el hijo de ambos, Deyner Andrés Guerra Tuberquia, de 11 años. La incursión armada no se detuvo ahí. El grupo avanzó hasta la vereda La Resbalosa, en el municipio de Tierralta (Córdoba), donde ejecutaron al campesino Alejandro Pérez Castaño y a Sandra Milena Muñoz Pozo. Cuando Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano llegó al lugar buscando a sus hijos, fue ejecutado junto a ellos: Natalia, de cinco años, y Santiago, de 21 meses. Los paramilitares los mataron con armas cortantes, los desmembraron y los enterraron en fosas comunes.
La masacre fue perpetrada por integrantes del Bloque Héroes de Tolová de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con la participación activa y la cobertura de tropas del Ejército Nacional pertenecientes al Batallón de Infantería N.º 47 Francisco de Paula Vélez, adscrito a la Brigada XVII, en el marco de la llamada Operación Fénix. Según las pruebas recolectadas por la justicia, los militares escoltaban a los paramilitares a unos 20 minutos de distancia y no reportaron las muertes de los civiles, sino que continuaron el patrullaje. Solo cinco días después, cuando habitantes de la región alertaron a las autoridades, agentes de la Fiscalía llegaron a constatar el horror.
La versión falsa del Ejército y la verdad que emergió
En los días siguientes a la masacre, el Gobierno nacional y la cúpula militar afirmaron públicamente que el crimen había sido cometido por las FARC-EP. Esa versión, hoy desmentida por múltiples fallos judiciales, se sostuvo durante años mediante testimonios de campesinos que, según se estableció en los procesos judiciales, fueron obligados a declarar bajo amenazas y torturas por parte de militares de la Brigada XVII. La manipulación de la escena del crimen y la fabricación de pruebas retrasaron la justicia por años y protegieron a los verdaderos responsables.
Fue el testimonio del paramilitar Jorge Luis Salgado el que comenzó a desmontar la mentira. Salgado relató cómo fueron asesinados los niños: los encontraron escondidos bajo una cama. Su declaración, junto con las confesiones de otros desmovilizados en los procesos de Justicia y Paz, abrió la puerta a condenas históricas. En 2008, el capitán del Ejército Guillermo Armando Gordillo Sánchez reconoció la participación de los militares en los hechos y fue sentenciado a 20 años de prisión. En 2019, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a 34 años a dos oficiales y cuatro suboficiales más, incluido el teniente coronel (r) Orlando Espinosa Beltrán, reconocido como autor mediato de los crímenes.
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El caso llega a la JEP: entre verdad y beneficios transicionales
A partir de 2018 y 2019, varios de los militares condenados por la justicia ordinaria comenzaron a trasladar sus casos a la Jurisdicción Especial para la Paz. El subteniente (r) Édgar García Estupiñán, el sargento (r) Darío Brango Agamez y el subteniente (r) Jorge Humberto Milanés Vega fueron los primeros en acogerse. Posteriormente lo hicieron el mayor (r) José Fernando Castaño López, el sargento (r) Henry Cuasmayán Ortega y el cabo (r) Ricardo Bastidas Candia.
La llegada de estos comparecientes a la JEP generó una profunda controversia. La Comunidad de Paz y sus representantes legales manifestaron su rechazo, advirtiendo que la JEP podría convertirse, en sus palabras, en un "escampadero y lavadero de condenas" si los responsables no aportaban verdad plena y efectiva. Las víctimas exigieron que el acceso a los beneficios transicionales estuviera condicionado a revelaciones concretas, detalladas y verificables sobre lo ocurrido.
La JEP, en su resolución de diciembre de 2019, suspendió las órdenes de captura de los militares acogidos y les otorgó beneficios, pero les impuso la obligación de presentar un plan "preliminar pero concreto, claro y programado" con el cual cumplirían sus compromisos de esclarecimiento de verdad, garantías de no repetición y construcción de paz. La resolución fue enfática: de esos compromisos depende que los beneficios se mantengan.
La JEP califica la masacre como crimen de guerra y de lesa humanidad
En enero de 2022, a través del Auto 1013 de 2021, la Sección de Apelación de la JEP adoptó una decisión que marcó un hito jurídico: recalificó los delitos imputados al coronel Espinosa Beltrán como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, declarando su imprescriptibilidad. La providencia rechazó así la petición del militar, quien había argumentado que los delitos habían prescrito según el Código Penal ordinario.
La JEP fue contundente en su análisis: "La dignidad humana, la vida, la integridad y la sociabilidad pacífica fueron gravemente ultrajados por motivos políticos que anularon la condición humana de las víctimas". El tribunal estableció que los hechos son de la "más extrema gravedad", dado que las víctimas se encontraban en estado de absoluta indefensión, que entre ellas había menores de edad y que la alianza entre militares y paramilitares fue sistemática y coordinada.
Esta calificación no solo cierra la puerta a cualquier intento de prescripción, sino que eleva el nivel de exigencia sobre los comparecientes: para acceder a sanciones propias, que oscilan entre cinco y ocho años con restricción de libertad y son monitoreadas por la ONU, deben aportar verdad completa, detallada y exhaustiva.
La audiencia de aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad
La audiencia de aporte de verdad plena y reconocimiento de responsabilidad por los hechos de San José de Apartadó y La Resbalosa representa el momento más esperado por las víctimas en su larga búsqueda de justicia. Enmarcada en el Caso 04 de la JEP, que examina la situación territorial de la región de Urabá entre 1986 y 2016, esta diligencia pone frente a frente a los perpetradores y a los sobrevivientes y familiares de las víctimas.
Para las víctimas, la audiencia no es un trámite judicial más. Es la oportunidad de escuchar de boca de quienes ejecutaron y ordenaron los crímenes cómo ocurrieron exactamente los hechos, por qué fueron elegidas esas víctimas, quién tomó las decisiones y qué órdenes se impartieron desde los mandos superiores de la Brigada XVII.
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Organizaciones de derechos humanos han señalado que aún quedan preguntas sin respuesta sobre el rol de generales como Mario Montoya, Jaime Fandiño y Luis Alfonso Zapata en la planificación de la Operación Fénix.
En el esquema de la justicia transicional, el reconocimiento de responsabilidad no es una rendición simbólica: conlleva compromisos concretos de reparación, medidas de no repetición y la posibilidad de que las víctimas soliciten actos públicos de reconocimiento, pedidos de perdón y la construcción de memoriales.
La JEP ha desarrollado metodologías restaurativas, entre ellas espacios de encuentro directo entre comparecientes y víctimas, para que el proceso vaya más allá de lo judicial y contribuya a la reconstrucción del tejido social de comunidades gravemente afectadas por el conflicto.
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