La JEP denuncia que la Revista Semana incumplió orden judicial de rectificación y anuncia nuevas acciones legales

La Jurisdicción Especial para la Paz denunció este martes que la Revista Semana incumplió la orden del Tribunal Superior de Bogotá que le exigía rectificar dos notas periodísticas publicadas en 2025 sobre la institución, y anunció que interpondrá nuevas acciones judiciales para que se examinen los hechos y se apliquen las sanciones correspondientes.

El fallo de segunda instancia de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá ordenó a Publicaciones Semana S.A. rectificar en su portal web y en todas sus redes sociales dos artículos: "Guerra de cartas en la JEP: una magistrada y el presidente del tribunal se enfrentaron por el polémico viaje a un hotel boutique en Palomino", publicado el 12 de abril de 2025, y "Un viaje secreto de la JEP a Nueva York terminó en derrota ante la ONU", publicado el 2 de noviembre de 2025.

Lo que ordenó el tribunal y lo que hizo Semana

El tribunal fue explícito: Semana debía rectificar de manera explícita, precisando punto por punto las inexactitudes de cada nota. En el caso del artículo sobre Palomino, el fallo exigía aclarar que el encuentro de trabajo no desconoció las funciones misionales de la JEP, que no se interrumpieron los términos judiciales, que no fue un viaje turístico y que no fue financiado con recursos públicos. En el caso del artículo sobre Nueva York, exigía precisar que el viaje no fue secreto sino público, que no existe restricción legal para que los magistrados asistan a conferencias internacionales y que la participación de la JEP en el Consejo de Seguridad de la ONU no debía describirse con calificativos de "derrota" o "éxito".

Según el la jurisdicción, Semana publicó el lunes un recuadro con la leyenda "RECTIFICACIÓN" al inicio de cada artículo, pero sin modificar el cuerpo de los textos ni advertir a los lectores que se trataba de una corrección ordenada judicialmente. "Se publican sin ningún tipo de advertencia, como si se trataran de noticias nuevas y vigentes, tal y como lo demuestran los comentarios de los lectores", señaló la JEP en su comunicado.

La jurisdicción también denunció que en el texto de la supuesta rectificación del artículo de Palomino se incluyó una afirmación manifiestamente falsa: "Ocho años después de su puesta en marcha, la JEP no ha emitido la primera sentencia contra las FARC y la Fuerza Pública". Según la JEP, esa afirmación es contraria a la verdad porque la institución ha emitido tres sentencias condenatorias. "Paradójicamente, en el texto de una rectificación se vulnera, una vez más, el derecho al buen nombre de la JEP", señaló el comunicado.

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El estándar que no se cumplió

El Tribunal había sido explícito en que la rectificación no podía ser un elemento accesorio yuxtapuesto al contenido original. "En ningún momento se advierte al lector que dicha corrección obedeció a inexactitudes contenidas en la publicación inicial o presentación de agregados de opinión como hechos ciertos. En tal sentido, no existe forma de que la rectificación guarde correspondencia ni equidad con el despliegue, alcance o relevancia otorgados a la información que en principio fue difundida", señaló el fallo.

Para la JEP, mantener intacto el relato original mientras se añade un recuadro declarativo equivale a una rectificación incompleta y sin equidad, que reproduce el mismo encuadre descalificador que motivó la orden judicial.

Campaña de desprestigio desde un medio de comunicación

En su comunicado, la jurisdicción dejó en claro que no se opone al escrutinio público ni a la libertad de prensa, pero que tiene el deber de alzar la voz frente a lo que describió como "campañas de desprestigio" que afectan los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de quienes comparecen ante el tribunal.

El tribunal especial de paz anunció que interpondrá las acciones judiciales correspondientes para que se examinen el incumplimiento y se determinen las sanciones a que haya lugar, y publicó el fallo completo del Tribunal Superior de Bogotá para consulta de la ciudadanía.

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