Contraloría investiga posible pérdida de $3.000 millones en proyecto para recuperar arrecifes en San Andrés

La Contraloría General de la República abrió una investigación fiscal por un presunto detrimento patrimonial superior a los $3.000 millones en un proyecto destinado a recuperar arrecifes coralinos afectados por una enfermedad que ocasiona la pérdida de tejido en los corales pétreos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

El proceso busca establecer si los recursos públicos asignados a esta iniciativa fueron utilizados adecuadamente y si su ejecución ocasionó un daño al patrimonio del Estado. La investigación está a cargo de la Gerencia Departamental Colegiada de la Contraloría en el archipiélago, según informó el contralor Jorge Laverde.

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¿Qué se investiga en el proyecto de recuperación de corales?

La actuación fiscal se centra en un contrato suscrito entre la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina) y la Asociación de Municipios de la Costa. Los recursos para desarrollar el proyecto provenían del Fondo Nacional Ambiental.

La iniciativa tenía como propósito contribuir a la recuperación de ecosistemas coralinos afectados por una enfermedad que deteriora el tejido de los corales pétreos, organismos fundamentales para la biodiversidad marina y el equilibrio de los arrecifes.

Ahora, el organismo de control deberá examinar las condiciones en las que se estructuró y ejecutó el contrato, así como el manejo de los fondos destinados a las intervenciones ambientales, para determinar si existen responsabilidades fiscales por el monto que se encuentra bajo investigación.

¿Quiénes están vinculados al proceso?

Como parte de las actuaciones, la Contraloría vinculó a funcionarios y exfuncionarios que habrían intervenido en diferentes etapas contractuales, desde la planeación y la supervisión hasta la ejecución, el control y la liquidación del acuerdo.

Asimismo, fue incluido en la investigación el representante legal de la entidad contratista.

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La vinculación de estas personas busca establecer si alguna de sus actuaciones u omisiones tuvo relación con el posible daño patrimonial. Sin embargo, la apertura del proceso no constituye por sí misma una declaración definitiva de responsabilidad.

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