Un operativo discreto de la Fiscalía destapó esta semana un escándalo en la Dirección de Protección de la Policía Nacional (Dipro), la dependencia encargada de custodiar a funcionarios y exfuncionarios del Estado. Cinco personas fueron capturadas por tráfico de armas, entre ellas el subintendente Fabián Andrés Cuestas, quien había integrado el esquema de seguridad de la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez.
La investigación, conocida como “Operación Ares”, evidenció que los capturados desviaban pistolas, mini-uzis, rifles y municiones de uso oficial, movilizándolos por Bogotá en vehículos asignados a esquemas de protección. Las autoridades señalan que la red involucraría mandos medios y superiores dentro de la Policía y que habría extendido sus tentáculos hacia las Fuerzas Militares.
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Sin relación con los protegidos, dice la Fiscalía
La exvicepresidenta Ramírez confirmó que Cuestas fue jefe de turno en su esquema y fue retirado por decisión de la Dirección General de la Policía. “Nunca tuve conocimiento de esas actividades, que me parecen absolutamente inaceptables y condenables en caso de que se comprueben”, declaró Ramírez.
El expediente indica que la red no involucraba a los protegidos y que se aprovechaba de la movilidad y prerrogativas de los vehículos oficiales. Cuestas sería apenas una ficha operativa. Otro capturado, el subcomisario (r) Jehicinio Ciro, había prestado servicios al exvicepresidente Germán Vargas Lleras.
Interceptaciones reveladoras y nexos con altos mandos
La Fiscalía reveló interceptaciones que detallan cómo Cuestas intentó detener la judicialización de un cirujano con el que fue sorprendido en Guasca transportando municiones. Se mencionan llamadas a un general, a la capitán de la secretaría del Ministerio de Defensa y a altos mandos de la Policía. Aunque algunos confirmaron las llamadas, negaron haber intentado frenar los procedimientos judiciales.
También se conoció que el grupo ocultaba armamento en viviendas particulares y que se transportaban cajas con armas desde el armerillo de la Dipro en vehículos institucionales. Un testigo protegido relató cómo Cuestas ordenaba entregas discretas en una panadería del barrio Bochica.
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Un caso que evidencia fallas estructurales
La Fiscalía imputó a los cinco capturados por concierto para delinquir, tráfico de armas y uso ilegal de insignias. En los operativos realizados en Bogotá y Zipaquirá se incautaron 20 pistolas y revólveres, rifles, una escopeta, dos mini-uzis, un fusil, munición de guerra y dinero en efectivo.
Frente al caso, Ramírez pidió ajustes urgentes en los controles internos de la Policía: “Está visto por varios antecedentes que la contrainteligencia y los controles internos sobre sus miembros con responsabilidades de tan alto nivel ameritan revisión urgente”.
El escándalo ha encendido alertas sobre los protocolos de seguridad del Estado y el uso indebido de recursos oficiales. Las investigaciones continúan y se esperan nuevas revelaciones en torno a esta red que comprometió la confianza institucional.
