Ministros defienden declaratoria de emergencia económica: "Congreso sería el responsable del encarecimiento de la deuda"

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió este martes ante el Congreso la decisión del Gobierno de declarar la emergencia económica, al señalar que la medida responde a una situación excepcional generada por la falta de recursos para cubrir el presupuesto aprobado para este año.

Durante su intervención, Ávila sostuvo que el propio Congreso era consciente de que el presupuesto requería financiación adicional. “Un par de meses después, ese mismo Congreso, que había aprobado el presupuesto por mayorías suficientes en Senado y Cámara, niega por la sumatoria de cinco senadores la ley de financiamiento. Y esto creó una situación excepcional”, afirmó el funcionario.

Además, el ministro de Interior, Armando Benedetti, señaló que el Congreso sería el responsable del encarecimiento de la deuda; además, afirmó que el Congreso le quitó capacidad de pago al Gobierno y envió a los mercados el mensaje de que Colombia podría tener dificultades para cumplir.

Si se quita capacidad de pagar la deuda, crece el costo de la misma deuda. Eso fue lo que hizo el Congreso al hundir la Ley de Financiamiento. Por eso acertaron el presidente @petrogustavo y el @MinHacienda en decretar la Emergencia Económica. pic.twitter.com/GEvH9g3WPd

— Armando Benedetti (@AABenedetti) January 27, 2026

El ministro explicó que la negativa a aprobar la Ley de Financiamiento dejó un vacío fiscal que obliga al Ejecutivo a buscar mecanismos extraordinarios para garantizar el funcionamiento del Estado y el cumplimiento de sus obligaciones. Según Ávila, la declaratoria de emergencia económica se plantea como una herramienta constitucional para enfrentar la coyuntura y asegurar la estabilidad financiera del país.

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La discusión sobre la emergencia económica y sus alcances continuará en el Congreso, donde distintos sectores han expresado posiciones divididas frente a la decisión del Gobierno.

Gobierno defiende medidas

El Gobierno del presidente Petro radicó en 2025 una ley de financiamiento, con el objetivo de cerrar el faltante del presupuesto nacional de 2026. 

La iniciativa buscaba recaudar alrededor de 16,3 billones de pesos mediante nuevos impuestos y ajustes al sistema fiscal. Sin embargo, el proyecto no obtuvo el respaldo necesario en el Congreso, lo que abrió un vacío en las cuentas públicas. Para el Ejecutivo, ese faltante compromete la financiación de rubros esenciales como salud, educación, seguridad y programas sociales.

Desde la Casa de Nariño y el Ministerio de Hacienda se advirtió además que, sin esos ingresos adicionales, el déficit fiscal podría ampliarse de forma significativa. Según el Gobierno, un mayor desequilibrio en las finanzas públicas tendría efectos directos sobre la confianza de los mercados y el costo de la deuda, encareciendo el crédito para el país y reduciendo el margen de maniobra del Estado para cumplir sus obligaciones y sostener el gasto público.

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Según el mandatario, la reforma estaba diseñada para que no fuera la población trabajadora la que pagara el déficit, sino los sectores con mayor capacidad económica, y que por eso “la reforma no perjudica a la gente trabajadora o de clase media, solo al gran capital, los grandes propietarios y rentistas del país”.

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