Presidente Gustavo Petro confirma acuerdos con disidencias de alias Calarcá

El presidente Gustavo Petro confirmó este sábado que al terminar el séptimo ciclo de diálogos con el grupo armado de las disidencias de las FARC, comandado por alias Calarcá, se lograron importantes acuerdos en materia de reclutamiento de menores, cultivos ilícitos, acciones contra la Fuerza Pública y mecanismos para desmontar economías ilegales.

El pronunciamiento del jefe de Estado se produce en medio de la controversia generada por informaciones publicadas de manera simultánea en El Tiempo y Caracol Televisión, que, según el mandatario, buscaban instalar en la opinión pública la tesis de una supuesta alianza del Gobierno con grupos armados ilegales.

De acuerdo con el presidente, dichas publicaciones hacen parte de una estrategia coordinada de desinformación, construida con base en grabaciones mal atribuidas, declaraciones de un privado de la libertad y la participación de oficiales retirados, con el objetivo de afectar la operación del Estado y el proceso de diálogo en curso.

"Al comienzo y durante mi gobierno he retirado decenas de generales y oficiales de alta graduación. Lo hice para descuadrar oscuros negocios en algunos casos, para separar oficiales cuestionados en derechos humanos en otros casos. En otros casos por la línea de jerarquía con el que entraba a ejercer mando. Para eso, con el ministro Velasquez, me aconsejaba de gente que conociera el interior de la fuerza pública. Los que elaboraron la estrategia mediática para Caracol y el Tiempo son este equipo de oficiales retirados por mi y pensaron que Wilmar y Huertas me aconsejaban en el tema de ascensos y retiros y yo les obedecía". 

Los acuerdos con el grupo de Calarcá

El presidente Petro precisó que el llamado Estado Mayor Central se dividió en dos bloques: uno encabezado por alias Iván Mordisco, que rechazó cualquier negociación, y otro liderado por alias Calarcá, que aceptó instalar una mesa de diálogo con el Gobierno sin cese al fuego.

Según explicó el jefe de Estado, esa mesa de diálogo ya concluyó su séptimo ciclo y acordó compromisos concretos:

1. No reclutar menores de edad.
2. Iniciar una zona de concentración en la región del Catatumbo, en Norte de Santander.
3. Sustituir cultivos ilícitos del Caquetá mediante procesos de revitalización de la selva, con intervención directa del Estado.
4. No realizar acciones ofensivas contra la Fuerza Pública.
5. Establecer, de manera conjunta con el Gobierno, un mecanismo de financiación para desmontar extorsiones, secuestros y otras economías ilegales.

En el último punto, el presidente propuso como línea de acción inmediata la utilización de drones para el lanzamiento de semillas nativas en zonas con cultivos de hoja de coca, así como la creación de grandes cooperativas empresariales de producción de alimentos, con compras estatales anticipadas mediante contratos agrarios.

El presidente enfatizó que sin zona de concentración no es posible un proceso de paz avanzado y que su puesta en marcha es una tarea de realización inmediata.

La controversia mediática y las denuncias del presidente

En su publicación, el presidente aseguró que la información difundida por El Tiempo sobre una supuesta conversación entre un oficial de Policía y un funcionario de la DNI fue “comprobadamente mentirosa”, al atribuir erróneamente los interlocutores y sugerir que desde su despacho se influyen ascensos y retiros en la Fuerza Pública.

Según el mandatario, quienes realmente aparecen en las grabaciones son un coronel de la Policía de apellido Quitián, un particular identificado como Sánchez y, en otras grabaciones, un periodista conocido, ninguno de ellos funcionario de su Gobierno. Pese a ello, señaló que el medio no rectificó.

En el caso de Caracol Televisión, el Presidente cuestionó una entrevista y una carta atribuidas a Jader Montoya Yepes, alias “Primo Carro”, preso del bloque de Calarcá, en las que se menciona al general Huertas. El presidente afirmó que Huertas no trabajó para su gobierno hasta hace dos meses, tras haber sido retirado en 2021 durante el gobierno de Iván Duque.

El jefe de Estado sostuvo que las acusaciones difundidas buscaban presentar esa información como “prueba reina” de una supuesta convivencia del Gobierno con el grupo de Calarcá, tesis que, según él, no ha sido demostrada por ningún elemento probatorio.

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Oficiales retirados, Fiscalía y denuncias de presión institucional

El presidente sostuvo que parte de la estrategia de desprestigio provendría de un grupo de oficiales retirados durante su gobierno, quienes —según explicó— buscan su eventual reintegro en un próximo escenario político.

"Les solicito a los oficiales retirados en mi gobierno incursos en la construcción mentirosa que la prensa comunicó como verdades, que están en su derecho de hacer la política que quieran y buscar cumplir sus aspiraciones de reintegro, pero no se hace evadiendo la ley. La presión sobre funcionarios de la justicia o periodistas para fabricar pruebas mediáticas no es legal".

El mandatario afirmó que algunos de estos oficiales se reúnen actualmente en Medellín con fines políticos y que la motivación central sería un eventual retorno a la Fuerza Pública. En ese contexto, advirtió que se estarían utilizando conocimientos de inteligencia para construir ataques mediáticos contra el Gobierno.

El general Fajardo que retiré por razones que me reservo, entró a trabajar con las autoridades locales de Antioquia y  Medellín, y con el exgeneral de la policía Martínez producen una esfera política de seguridad parecida a la que se construyó contra el estadillo social, el grupo de los retirados se ha transformado en un uribismo por oportunidad. Fico ha logrado un enorme control sobre las fiscalías de Antioquia, hecho que he denunciado como anómalo pues el ejecutivo debe dejar en autonomía el poder judicial, su influencia es en la seccional antioqueña de fiscalías mayor que la de la fiscal general que ha dejado este cuerpo de la fiscalía sin mayores cambios. La fiscalía de Antioquia se política peligrosamente. Volvemos al uso de la Fiscalía para lograr fines políticos.

También señaló una relación de amistad entre un exgeneral retirado y la fiscal del caso de alias “Carro”, y cuestionó el ingreso de un periodista a dependencias de la Sijín para entrevistar al detenido, procedimiento que, según dijo, no sería legal por la reserva judicial.

Existe una gran amistad entre el exgeneral Fajardo y la fiscal del caso de la captura de alias " carro" y y otros miembros del grupo de Calarcá' La fiscal debería responder porque permitió que el periodista se Caracol Ricardo Calderón entrara con su solicitud firmada, a la Sijin para que  entrevistara al preso casi a solas. 

Además, alertó sobre una politización de la Fiscalía en Antioquia, al afirmar que su influencia local superaría incluso la de la Fiscal General de la Nación, situación que calificó como un uso indebido del aparato judicial con fines políticos.

Defensa del proceso de paz

El presidente Gustavo Petro reiteró que ni las pruebas presentadas por la prensa ni las acusaciones difundidas demuestran la existencia de una alianza entre su gobierno y grupos armados ilegales. “Querer la paz y acabar conflictos armados cada vez más regionales no se puede satanizar. La paz no es debilidad”, afirmó el mandatario en su pronunciamiento. A su vez, hizco un llamado a los oficiales retirados a ejercer la política dentro de la legalidad y advirtió que la presión sobre funcionarios judiciales o periodistas para fabricar pruebas mediáticas constituye una conducta ilegal.

La confirmación de los acuerdos con el grupo de Calarcá marca un nuevo capítulo del proceso de diálogo que impulsa el Gobierno con fracciones armadas que aceptaron la ruta política. En las últimas horas se anunció la posiblidad de un pacto de no agresión durante la navidad entre bandas de Quibdó en el departamento de Chocó y la adhesión de España como mediador con el Clan del Golfo, proceso que parece avanzar con importantes logros.

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