"Yo no quiero aplazar elecciones": presidente Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro reaccionó este martes a los señalamientos de la periodista Catalina Suárez y el concejal de Bogotá Daniel Briceño, quienes lo acusan de querer aplazar las elecciones. Desde su cuenta oficial en la red social X, el mandatario negó tajantemente esa intención y cuestionó la inminente adjudicación del contrato de logística electoral a una empresa que fue señalada por la justicia colombiana en el pasado por su participación en un proceso fraudulento.

"Hay momentos de máxima estupidez humana: Yo no quiero aplazar elecciones. Pero eso de traer una empresa que fue detectada por su software en un fraude electoral, ni más ni menos que por la justicia de Colombia, pone en riesgo por completo, la transparencia electoral".

La advertencia del presidente surge en medio de un nuevo ciclo de contrataciones de la Registraduría Nacional para los comicios de 2026, donde nuevamente ha sido seleccionada una compañía privada que ya fue objeto de denuncias por fallas en su software de escrutinio. Según el Gobierno, esa contratación podría representar un riesgo estructural para la confianza ciudadana en los resultados electorales.

La controversia escaló luego de que opositores y analistas difundieran la idea de que el Gobierno buscaría alterar el calendario electoral. Sin embargo, desde la Presidencia se ha insistido en que la preocupación radica exclusivamente en la transparencia y no en la oportunidad de las votaciones.

Empresa cuestionada vuelve al centro del debate

El foco de la polémica es la firma Thomas Greg & Sons, empresa privada que desde hace varios años ha liderado los procesos logísticos electorales en el país. La Registraduría avanza en la contratación de esa misma firma para las presidenciales de 2026, pese a que en un proceso anterior su software estuvo vinculado a un sabotaje que le costó curules a un partido político minoritario.

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Aunque el Consejo Nacional Electoral y organismos de control han defendido la solidez del sistema, el Ejecutivo ha reiterado su preocupación por la concentración de funciones críticas en manos de un mismo contratista. El Gobierno considera que la permanencia de esta empresa en la operación electoral representa una amenaza para la independencia del escrutinio y el conteo de votos.

Desde el Congreso y varios sectores sociales también se han planteado reparos. Se cuestiona la falta de pluralidad en las licitaciones, la dependencia tecnológica con actores privados y la limitada transparencia en la verificación del software utilizado.

Señalamientos infundados y disputa narrativa

En paralelo, sectores opositores han difundido versiones que sugieren una intención del presidente de modificar el calendario electoral para favorecer su continuidad. Esta narrativa ha sido difundida especialmente desde espacios radiales y redes sociales, pero no cuenta con sustento jurídico ni declaraciones oficiales que la respalden.

El presidente ha centrado su intervención en la defensa de la transparencia electoral como principio democrático. Desde el Gobierno se ha insistido en que cualquier intento de manipulación del proceso sería inaceptable y que el verdadero riesgo está en la continuidad de contratistas con antecedentes problemáticos.

La controversia refleja un clima de desconfianza entre las instituciones y sectores políticos, y evidencia la urgencia de fortalecer los mecanismos de veeduría ciudadana y auditoría técnica en los procesos electorales.