Por primera vez en años de silencio, los familiares de colombianos y venezolanos detenidos en El Salvador bajo el régimen de excepción de Nayib Bukele alzaron su voz públicamente, como lo mostró el día de anoche el programa Señal Investigativa. Conmovidos por la falta de justicia y la prolongada detención de sus seres queridos, exigieron su liberación y repatriación.
Según reveló Señal Investigativa, actualmente hay al menos 140 colombianos privados de la libertad en El Salvador, muchos de ellos detenidos sin pruebas formales y en condiciones que organizaciones de derechos humanos han catalogado como violatorias de sus derechos fundamentales. Aunque no se encuentran en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la llamada "megacárcel" de Bukele, sus familias denuncian que no han tenido acceso a juicios justos y que en algunos casos la única "evidencia" en su contra ha sido portar tatuajes.
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Las familias venezolanas también sufren
El drama no es exclusivo de los colombianos. Más de 250 venezolanos también han sido trasladados a cárceles salvadoreñas bajo la sospecha de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua, sin que, en muchos casos, existan procesos judiciales en curso. Un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos ordenó detener las deportaciones masivas hacia El Salvador, un respiro temporal en medio de una situación que, según expertos, ya ha causado daños irreparables a cientos de familias.
Frente a este panorama, el presidente Gustavo Petro emitió un contundente pronunciamiento a través de su cuenta en X, donde criticó duramente las prácticas de criminalización colectiva en El Salvador. “No aceptamos y la justicia estadounidense no acepta que se criminalice a los niños y niñas de Venezuela", afirmó el mandatario colombiano, quien también pidió directamente al presidente Bukele: “Entréguenos a los colombianos que tienen en sus cárceles. Dejen libre al pueblo venezolano”.
El fascismo en Europa creó una idea criminal y la bañó de juricidad.
Dijo que se podía culpabilizar a un grupo social por el crimen de un individuo.
Por esa línea la fantasmagoría delincuencial
"facha" ha construido la discriminación y el encarcelamiento de los pueblos, y ha… https://t.co/oOp5auFTWL— Gustavo Petro (@petrogustavo) April 19, 2025
Petro evocó la historia del fascismo europeo para advertir sobre los peligros de estigmatizar a comunidades enteras por los delitos cometidos por algunos individuos. “Ningún latinoamericano demócrata puede aceptar que, por los crímenes de la banda llamada Tren de Aragua, se criminalice a todo el pueblo venezolano en el exilio”, puntualizó.
Familiares podrían pasar 4 años sin ver a los detenidos
Mientras tanto, las familias colombianas continúan enfrentando un panorama incierto. De acuerdo con la investigación de Señal Investigativa, a muchos les han indicado que deberán esperar al menos cuatro años para que se adelante una investigación y posteriormente una audiencia judicial, prolongando la separación familiar y el sufrimiento emocional.
“Al menos un gesto de humanidad”, clamó el fundador y director de Revista Raya, Edinson Bolaños, quién también recordó que, además de los hombres detenidos, se han reportado casos de mujeres colombianas encarceladas injustamente.
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¿Qué dice Amnistía Internacional?
Organizaciones como Amnistía Internacional han encendido las alarmas sobre las detenciones arbitrarias y la falta de garantías judiciales en El Salvador. Irene Cuéllar, investigadora de la organización en ese país, advirtió que la colaboración entre el gobierno de Bukele y el entonces gobierno de Donald Trump convirtió a El Salvador en “una cárcel mundial” para migrantes, en un acuerdo cuyos detalles aún no son de conocimiento público.
Lo que sí se sabe hasta el momento, es que hay un beneficio económico para el país centroamericano por las deportaciones: el gobierno de Bukele habría percibido una cifra de 6 billones de dólares por el recibimiento del primer grupo de personas que ocurrió en marzo de este año.
Hasta ahora, el gobierno de Bukele no ha respondido oficialmente a la solicitud del presidente Gustavo Petro. La tensión diplomática crece, mientras miles de familias siguen esperando justicia y el reencuentro con sus seres queridos
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