La intervención a la Nueva EPS, por parte de la Contraloría General de la República, reveló deudas, facturación duplicada y fallas estructurales acumuladas desde gobiernos anteriores.
El exdirector de la Función Pública está prófugo desde julio y es señalado como uno de los articuladores del saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.