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“Desde este espacio en el que construimos familia, fortalecimos lazos de hermandad con las comunidades y batallamos contra la inclemencia y la desidia de gobiernos que quisieron hacer trizas la paz, hoy con la zozobra de nuestra comunidad y con los hijos e hijas de la paz tomados de las manos y algunos en brazos, debemos salir con nuestra moral en alto y con un niño o niña que pregunta ¿por qué?”, denunció el Consejo Nacional de Reincorporación.
Pérdidas a causa del desplazamiento forzado por parte de las disidencias de las Farc
Los proyectos productivos perdidos por este desplazamiento incluyen la transformación de caña de azúcar, turismo comunitario, venta de bienes y servicios, cultivos de café y sus derivados, además de dos tipos de ganadería, e infraestructura desarrollada durante los seis años de implementación del Acuerdo Final de Paz.
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Ante esta situación, recurrieron al Presidente de la República, Gustavo Petro, al Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, a la directora de la unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Quartas, a la directora de la Agencia para la Reestructuración y Normalización, Alejandra Miller, a la comunidad internacional, la Comisión de Estados Garantes y la Segunda Misión de Verificación de las Naciones Unidas, para garantizar el derecho a la vida de los firmantes, y verificar las condiciones para obtener una paz total en los territorios.
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“La paz total no existirá si los y las firmantes de paz somos violentados. Ese debe ser uno de los puntos innegociables con los grupos que están buscando hacer parte del proceso, nosotros y nosotras no tenemos armas, que no nos traten de igual a igual. Los tiempos cambiaron. ¡No más firmantes de paz asesinados! ¡No más firmantes de paz desplazados! ¡No más firmantes de paz desterrados! Que paren ya debería ser el mandato”, dice el comunicado.