Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, y requerido por presuntos delitos en entramado de corrupción de la Ungrd, tiene notificación roja de Interpol.
Publicado:
22 de Septiembre 2025, 1:43 PM
Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, y salpicado en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres -Ungrd-, tiene notificación roja de Interpol.
Cabe mencionar que esta notificación roja llega luego de que la justicia colombiana requiere al exdirector del Dapre en medio de las investigaciones que hay en curso por la red de corrupción de la Ungrd y que presuntamente estaría implicado González.
Sin embargo, el exdirector del Dapre, se encuentra en Nicaragua con el estatus de asilo político. De hecho, esto generó la indignación del presidente Petro y de la cancillería de Colombia, que ya pidió a Nicaragua la extradición de Carlos Ramón González y ese país la negó.
🚨⚖️#Judicial | La Interpol emitió circular roja en contra de Carlos Ramón González, ex director del Departamento Administrativo de la República.
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Solicitud de extradición de Carlos Ramón González a Nicaragua
El pasado 21 de agosto, la canciller Rosa Villavicencio Mapy, en diálogo con El Calentao Informativo de Señal Colombia, aclaró que se hizo la solicitud al gobierno de Nicaragua, porque González sí tiene las garantías para su proceso judicial.
La canciller Rosa Villavicencio sostuvo que el exfuncionario “enfrenta delitos punibles, más no políticos” y que debe comparecer en Colombia con todas las garantías procesales que ofrece el Estado social de derecho.
Circular roja de la Interpol
La Fiscalía General de la Nación hizo la solicitud de la circular roja para Carlos Ramón González el pasado 4 de julio y hasta hoy, 22 de septiembre, se dio la autorización para buscarlo en más de 190 países.
González está siendo investigado por su posible participación en un entramado de sobornos y desvío de recursos, que incluiría la compra irregular de carrotanques y el pago de coimas a congresistas. Según la Fiscalía, habría sido clave en la adjudicación fraudulenta de contratos que suman cerca de 4.000 millones de pesos.
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