MinAgricultura defendió la focalización del crédito de fomento y del ICR para pequeños y medianos productores, y anunció que el Ministerio pondrá la información en conocimiento de las autoridades para investigar caso Lafaurie Cabal.
MinAgricultura reportará a autoridades presuntas maniobras para acceder a incentivos rurales en caso Lafaurie Cabal
16 de Diciembre 2025, 7:50 PM
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, anunció que el Ministerio notificará a las autoridades competentes tras las informaciones conocidas en los últimos días sobre una posible destinación indebida de recursos del sistema de crédito de fomento agropecuario, en un caso que involucra a Juan José Lafaurie Cabal.
La reacción de la ministra se produce luego de la columna “Agro ingreso Cabal”, del periodista Daniel Coronell, publicada el 14 de diciembre de 2025, que expuso detalles sobre un crédito tramitado como “pequeño productor” y un posterior incentivo ligado a Finagro, además de una garantía estatal a través del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), en una operación gestionada por Serfinanza, según el relato periodístico.
En su pronunciamiento, la ministra Carvajalino enmarcó el episodio en un debate jurídico que no se resolvió por años: los instrumentos creados para apoyar al campesinado y democratizar activos productivos terminaron concentrados en grandes propietarios, y el país normalizó esa distorsión. Ahora, dijo, el reto es evitar que la focalización se eluda mediante esquemas diseñados para “inducir al error” al sistema.
El ICR (Incentivo a la Capitalización Rural) es un subsidio del Estado para que pequeños y medianos productores inviertan en maquinaria, infraestructura y productividad.
El Gobierno restringió el ICR porque los recursos públicos son escasos y deben llegar a quien más los…— Martha Carvajalino (@MCarvajalinoV) December 14, 2025
Un mensaje con dos ejes: focalización y trazabilidad
Carvajalino afirmó que, durante sucesivos gobiernos, recursos y subsidios destinados a campesinos fueron “capturados” por grandes propietarios, ampliando brechas con dineros públicos. Bajo esa lectura, defendió que el Estado tenía el deber de corregir un modelo que concentraba el crédito y los recursos que lo apalancan, y que hoy se requieren reglas claras sobre quiénes son los destinatarios de incentivos y en qué pueden invertirse.
La ministra sostuvo que el Gobierno reordenó instrumentos de financiamiento rural para cumplir mandatos constitucionales: garantizar derechos del campesinado (artículo 64) y proteger soberanía y seguridad alimentaria (artículo 65). En ese marco, resaltó las Resoluciones 5 y 6 de 2025 de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA), con las que —según el Ministerio— se focaliza el financiamiento para la Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria (ACFEC) y se fortalecen controles, verificación y trazabilidad de recursos públicos.
Qué es el ICR y por qué se volvió el centro del caso
La ministra recordó que el ICR (Incentivo a la Capitalización Rural) es un apoyo estatal asociado al crédito de fomento para impulsar inversiones productivas —maquinaria, infraestructura y productividad— y que, precisamente porque los recursos son limitados, se prioriza a pequeños y medianos productores.
Carvajalino advirtió que simular condiciones o falsear información para acceder a estos recursos constituye un fraude contra el Estado y contra los campesinos que sí cumplen las reglas. En esa línea, enfatizó que el sistema no solo compromete a quien solicita los beneficios: también involucra obligaciones de la banca de fomento, la banca de primer nivel, estructuradores y particulares, que deben responder por sus responsabilidades dentro del circuito de asignación y control.
"De acuerdo con las recientes informaciones que podrían indicar posibles acciones indebidas para acceder a recursos que deberían destinarse a pequeños y medianos productores, el Ministerio de Agricultura procede a notificar a las autoridades competentes para que se proceda con las investigaciones correspondientes a efectos de sancionar a aquellos que sean hallados culpables de defraudar a los colombianos para acceder a recursos a los que no tienen derecho".
El caso Lafaurie Cabal: lo que se conoce y lo que falta por esclarecer
Según la columna de Coronell en Los Danieles, Juan José Lafaurie Cabal habría presentado documentación para acreditarse como pequeño productor y, con base en ello, acceder a un crédito de redescuento por 400 millones de pesos, con el FAG como garante del 80% de la obligación, además de un ICR que —según el mismo relato— habría abonado una parte del saldo del crédito. La columna también planteó preguntas sobre el contexto institucional de Finagro y el hecho de que José Félix Lafaurie integró por años su junta directiva, un punto que el propio dirigente gremial ha defendido públicamente señalando que la junta no aprueba operaciones específicas.
Este martes, el caso sumó un nuevo capítulo con el pronunciamiento público de Juan José Lafaurie Cabal, quien rechazó los señalamientos y anunció acciones legales. En paralelo, el Ministerio de Agricultura informó que solicitó a Finagro analizar si los hechos descritos corresponden a actuaciones aisladas o a una posible práctica sistemática de estructuración de proyectos para inducir al error al sistema de financiamiento agropecuario, y que pondrá la información disponible en conocimiento de las autoridades para que se determinen responsabilidades.
La denuncia es controversial, pues cada peso del erario que se desvíe de su propósito —la agricultura campesina y el cierre de brechas— erosiona la confianza en el crédito rural y golpea la promesa de un campo con más productividad, menos desigualdad y mejores condiciones para la paz territorial. El desenlace dependerá de lo que logren establecer los organismos de control y la justicia sobre eventuales responsabilidades.
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