Consejo de Estado ordena a Bernardo Moreno pagar $354 millones por interceptaciones ilegales

El Consejo de Estado ordenó a Bernardo Moreno Villegas, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) durante el gobierno de Álvaro Uribe, pagar una indemnización de $354 millones al declararlo responsable patrimonialmente por los seguimientos e interceptaciones ilegales realizados contra un exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia.

Moreno Villegas deberá pagar con dinero propio este monto luego de una acción judicial promovida por el mismo Dapre en el 2010, porque fue el Estado quien pagó ese monto que no lo correspondía. El Dapre en el 2017 hizo la reparación al exmagistrado con un monto de $ 225 millones.

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Interceptaciones ilegales

El fallo establece que Bernardo Moreno Villegas deberá reintegrar al Estado la suma exacta de $354.074.968,34, monto correspondiente a la indemnización que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó pagar al exmagistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sigifredo Espinosa Pérez, como reparación por los perjuicios ocasionados.

Según la decisión judicial, dicha compensación se concedió por los daños derivados de los seguimientos, interceptaciones ilegales, actos de asedio y estrategias de desprestigio que fueron desplegados no solo contra el exmagistrado, sino también contra varios miembros de su familia, afectando su vida personal, profesional y su seguridad.

El Consejo de Estado concluyó que Moreno Villegas actuó de manera determinante en la ejecución de estas conductas, lo que derivó en su responsabilidad patrimonial, al considerar que los hechos vulneraron derechos fundamentales y comprometieron la actuación irregular del Estado frente a miembros de la Rama Judicial. 

En el fallo se dejó en constancia que Moreno Villegas ordenó estas interceptaciones ilegales a través del DAS, que para ese entonces estaba baja la dirección de María del Pilar Hurtado.

Condena a Bernardo Moreno Villegas

Cabe mencionar que Moreno Villegas ya fue condenado penalmente a ocho años de prisión en el 2015 por la Corte Suprema de Justicia, que luego fue ratificada en el 2024. 

Moreno, al igual que María del Pilar Hurtado fueron condenados por los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública y falsedad ideológica en documento público.

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