Fiscalía niega aplazamiento y deja en firme indagatoria contra Álvaro Uribe Vélez

El exmandatario comparecerá por presuntos delitos de lesa humanidad, relacionados con las masacres de El Aro y La Granja y el asesinato del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle en el departamento de Antioquia
Fiscalía niega aplazamiento y deja en firme indagatoria contra Álvaro Uribe Vélez

La Fiscalía General de la Nación ratificó que la diligencia de indagatoria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez se llevará a cabo el próximo viernes 24 de julio, rechazando la solicitud de aplazamiento presentada por la Procuraduría General. El órgano había pedido postergar la audiencia argumentando la falta de pruebas esenciales, un criterio que el ente acusador desestimó al declarar en firme la fecha programada.

Los cargos: Bloque de investigación judicial

El exmandatario es investigado formalmente por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida. La justicia busca determinar su presunta responsabilidad en:

  • Promoción de estructuras paramilitares: Se le señala de presuntamente facilitar grupos armados ilegales desde la hacienda Guacharacas (San Roque, Antioquia), propiedad que perteneció a su familia y por la cual su hermano, Santiago Uribe, ya recibió condena.

  • Las masacres de Ituango: El proceso indaga su vinculación con los hechos de El Aro y La Granja, perpetrados a finales de la década de 1990 mientras Uribe se desempeñaba como gobernador de Antioquia.

  • Caso Jesús María Valle: El despacho fiscal abordará su supuesta omisión en el asesinato del defensor de derechos humanos. El jurista había denunciado reiteradamente la incursión paramilitar ante la Gobernación y la Fuerza Pública sin recibir respuesta efectiva de protección.

El origen del proceso: Pérdida de fuero y traslado a la Fiscalía

El giro clave en este proceso judicial ocurrió en septiembre de 2020, cuando Álvaro Uribe Vélez tomó la decisión de renunciar a su curul en el Senado de la República. Al dimitir a su cargo como parlamentario, la Corte Suprema de Justicia —que bajo la instrucción del magistrado César Reyes lideraba el caso— perdió de manera inmediata la competencia constitucional para seguir investigando al exmandatario.

Esta pérdida de fuero provocó el traspaso automático de la competencia a la justicia ordinaria, unificando tres complejas líneas de investigación en un solo expediente que quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación. De esta manera, el proceso penal contra el expresidente pasó a ser administrado y coordinado bajo la gestión del entonces fiscal general Francisco Barbosa.


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La defensa de Uribe: Denuncias de falta de garantías y móviles políticos

Tras la notificación, el expresidente Álvaro Uribe Vélez cuestionó la determinación a través de sus canales oficiales, enfocando su postura en dos argumentos centrales:

Vulneración al debido proceso: "La ley dice que la indagatoria es un medio de defensa, pero sin la práctica de las pruebas no tendré manera de defenderme", sostuvo el exmandatario, añadiendo que el fallo de tutela invocado solo exigía reportar avances y no un requerimiento perentorio impulsado por el exfiscal Eduardo Montealegre.

Intereses políticos: Uribe aseguró que la resolución responde a presiones ajenas a lo jurídico: "La Fiscalía aduce que tiene elementos suficientes para inferir que yo puedo ser autor o partícipe de los delitos de lesa humanidad. Detrás de esto está el compromiso de la Fiscalía con Iván Velásquez, con la JEP, con Cepeda y con Petro, a quien quieren entregar el trofeo de dejarme preso".


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