Fiscalía ordena intervención urgente por denuncias de infiltraciones a la inteligencia del Estado

La Fiscalía General de la Nación asumió este lunes el control directo de la investigación relacionada con los dispositivos electrónicos incautados en julio de 2024 a integrantes del Estado Mayor Central en Anorí (Antioquia). La decisión se tomó luego de que una verificación interna revelara que la información extraída, descrita como de “la mayor gravedad”, no había sido trasladada a los niveles centrales de la entidad durante más de un año, pese a su posible relevancia para indagar infiltraciones en organismos de inteligencia y vínculos con miembros del Ejército.

De acuerdo con el comunicado oficial, la Fiscal General, Luz Adriana Camargo, ordenó la intervención inmediata del delegado contra la Criminalidad Organizada para abrir nuevas líneas de investigación sobre posibles conexiones de las disidencias con agentes del Estado, esquemas de seguridad presuntamente cooptados, financiamiento ilícito y creación de empresas de vigilancia al servicio de estructuras armadas.

Comunicado de la Fiscalía General de la Nación pic.twitter.com/3VhppldrCu

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) November 25, 2025

Se remiten a la Corte Suprema las menciones al general Huertas

Otra de las medidas centrales fue la compulsa de copias a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, debido a que en el material incautado aparecen referencias al brigadier general Juan Miguel Huertas Herrera.

Por su fuero, cualquier indagación sobre su conducta corresponde exclusivamente al alto tribunal. Esta actuación indica que la Fiscalía buscará que la investigación avance en todas las direcciones que la evidencia permita, incluyendo la eventual participación de altos mandos militares.

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Alarmas por la reserva y por la cadena de custodia de la información

El comunicado incluye una preocupación adicional: la entidad confirmó que el contenido de los dispositivos, bajo custodia de la DIJIN desde el día de la incautación, se filtró a la opinión pública, lo que constituye una violación del principio de reserva que rige las actuaciones penales.

También advierte que la dirección de la Fiscalía no recibió durante 16 meses reportes sobre la información analizada en Medellín, a pesar de que los técnicos forenses emitieron cinco informes desde 2024. Este bache en el flujo de información es, según la entidad, uno de los motivos de la intervención adoptada hoy.

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