Defensoría del Pueblo pidió investigar a contratistas que habrían recibido órdenes de disolver protestas a favor de Palestina en Medellín, lo que podría implicar sanciones penales.

La defensora del pueblo, Iris Marín, advirtió que la protesta pacífica es un derecho y rechazó el uso de la fuerza por parte de los gestores de convivencia en las movilizaciones.

El presidente Gustavo Petro también ordenó a la Policía de Medellín no atacar a la ciudadanía tras enfrentamientos con manifestantes.

Un hecho histórico en el mercado inmobiliario: la capital antioqueña registró en 2024 los precios de alquiler más altos del país, desplazando a Bogotá del primer puesto que mantuvo durante más de una década y media, según el Banco de la República.

El presidente Petro aseguró que se “desmantelar este grupo violento dirigido desde el poder local”, tras las agresiones de agentes de seguridad de Medellín contra manifestantes.