"Estaríamos ante una violación profunda de derechos humanos ordenada desde la alcaldía de Medellín": presidente Petro

El presidente Gustavo Petro se refirió en su cuenta de X a la reciente denuncia sobre la actuación de contratistas durante protestas en Medellín, quienes se habrían extralimitado en sus funciones, hostigando y atacando a manifestantes que protestaban a favor del pueblo palestino en Medellín.

A pesar de nuestra diferencias en el método para extraer energías, creo que estamos ante una violación profunda de derechos humanos ordenada desde la alcaldía de Medellín y hay que actuar https://t.co/y4YrqVfC3n

— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 9, 2025

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La afirmación del presidente se basa en declaraciones de la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien expresó su preocupación por presuntas órdenes dadas a gestores de convivencia para intervenir en manifestaciones ciudadanas:

“Nos preocupó que allí se dieron directrices de disolución de la protesta que de no ser cumplidas podrían tener consecuencias en la continuidad de los contratos de los gestores”, dijo Marín en un video difundido en redes sociales.

La funcionaria recordó que los gestores de convivencia no tienen facultades para intervenir de forma directa en protestas ni usar la fuerza. Recalcó que cualquier instrucción en ese sentido sería irregular:

“En ningún caso deben impartirse o ejecutarse instrucciones orientadas a la disolución violenta de manifestaciones, y menos por personal que no pertenece a la Policía Nacional”, afirmó Iris Marin.

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La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las autoridades competentes para que se adelanten investigaciones disciplinarias y penales que permitan esclarecer si hubo abuso de poder o uso indebido de contratistas durante las protestas. Marín también expresó inquietud por la conducta del concejal de Medellín del Centro Democrático, Andrés Gury Rodríguez, que podría interpretarse como incitación a la violencia contra las manifestaciones pacíficas.

“Las instituciones del Estado deben ser garantes de derechos, no generadoras de nuevos riesgos”, finalizó la defensora

¿Por qué estos hostigamientos contra protestantes violan los derechos humanos?

Diversos instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos protegen de forma específica el derecho a la protesta pacífica, por lo que acciones como el hostigamiento, las amenazas laborales o el uso de la fuerza por parte de personal no autorizado podrían constituir violaciones a estas garantías fundamentales.

De acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el derecho a la reunión pacífica —incluido el de protestar— es un derecho protegido internacionalmente. A esto se suma la Observación General No. 37 del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que establece que toda intervención estatal en protestas debe ser legal, necesaria y proporcional. Cualquier medida que no cumpla con estos requisitos puede considerarse arbitraria y, por tanto, contraria al derecho internacional.

En el caso de Medellín, si se confirma que gestores de convivencia contratados por la alcaldía actuaron bajo órdenes para intervenir o disolver manifestaciones, sin contar con autoridad legal para ello, estaríamos ante un posible exceso que estaría en contra estos estándares internacionales sobre la protección de derechos humanos. Más aún si las directrices incluían advertencias sobre la terminación de contratos en caso de no cumplirlas, lo que podría interpretarse como una forma de coacción laboral.

Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) han señalado reiteradamente que los Estados tienen no solo la obligación de no reprimir protestas pacíficas, sino también el deber de protegerlas activamente. Cualquier acto de intimidación, violencia o intervención no autorizada mina ese compromiso.

Finalmente, estas acciones podrían afectar otros derechos conexos, como la libertad de expresión, la libertad de asociación y el derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Las normas internacionales aseguran que la protesta es una herramienta legítima de participación ciudadana, y su protección es esencial para el fortalecimiento democrático.

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