En más de 250 municipios hay riesgo alto en delitos electorales: Fiscalía

Este 9 de febrero, la Fiscalía General de la Nación anunció que enfrentará a las personas y organizaciones criminales que buscan sacar provecho propio o atentar contra la libertad democrática de la ciudadanía en las elecciones de 2022.

Con la expedición de la Directiva 0002, el fiscal General, Francisco Barbosa, definió la hoja de ruta para investigar y judicializar los delitos que se presenten en las etapas preelectoral, electoral y postelectoral.

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“Del total de municipios del país, 258 tienen un riesgo alto en delitos electorales; en riesgo medio, 526; y en riesgo bajo, 338 municipios”, reveló el fiscal al indicar que se consolida un mapa de riesgo electoral que será actualizado de acuerdo con los avances en los procesos investigativos.

Los lineamientos planteados en esta directiva buscan poner en evidencia y actuar contra los determinadores, máximos responsables y beneficiarios de estas prácticas delictivas. De igual manera, identificar y desarticular las estructuras que, en cada territorio, se organizan para afectar la voluntad de los votantes en las urnas.

La directiva, inicialmente, describe la necesidad de crear estrategias diferenciales para cada uno de los momentos del certamen. Desde la inscripción y aceptación de candidatos a la elección; durante las votaciones o elecciones propiamente dichas, para intervenir ante la compra de votos y otros actos ilegales; y en los escrutinios, ante la eventual intención de modificar los resultados.

Para este propósito, se contará con un equipo especializado de fiscales del Eje Temático de Protección de Mecanismos de Participación Democrática, adscrito a la Dirección Especializada contra la Corrupción; y se articularán los esfuerzos de la Delegada contra la Criminalidad Organizada y la Delegada para la Seguridad Territorial.

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“La Unidad Especial de Investigación será la encargada de hacer todas las investigaciones, con policía judicial propia, para el tema de las circunscripciones de paz y, al mismo tiempo, homicidios o amenazas de reincorporados o miembros del Partido Comunes”, explicó la cabeza de la Fiscalía.

De igual manera, estarán en funcionamiento equipos itinerantes de fiscales y policía judicial con capacidad para desplazarse con rapidez a las distintas zonas del país y realizar los actos urgentes u obtención de material de prueba. Estos grupos se activarán durante los tres meses previos y hasta los 15 días después de las elecciones.

“Tendremos un comité de priorización en la Fiscalía General de la Nación permanente. Un comité directivo analizando el fenómeno electoral, de acá al fin de los comicios presidenciales. Al mismo tiempo, tendremos puestos de mando unificado itinerantes en todo el territorio nacional, organizados por los directivos seccionales para informarle al país, en tiempo real, lo que está pasando con el delito electoral en Colombia”, afirmó el fiscal General.