Casi 4.000 víctimas del conflicto armado en Colombia obtuvieron escrituras reales de sus viviendas en los últimos cuatro años, gracias a un programa que convierte la legalidad en punto de partida para reconstruir el futuro.
12 de Abril 2026, 3:20 PM
El Estado colombiano dio un paso significativo en materia de reparación: 3.942 personas que sobrevivieron al conflicto armado pasaron de habitar sus viviendas en condición irregular a convertirse en propietarias legales, con todos los respaldos jurídicos que eso implica. Así lo confirmó Ricardo Agudelo Sedano, superintendente de Notariado y Registro, quien destacó el alcance del Programa de Formalización y Saneamiento de la Propiedad Urbana impulsado durante los últimos cuatro años en articulación con alcaldías y gobernaciones de todo el país.
Para miles de familias colombianas desplazadas por la guerra, tener un techo no ha sido suficiente. Asentarse en un predio sin un título formal significa vivir bajo la amenaza permanente de perderlo todo nuevamente: un desalojo, una disputa legal o simplemente la imposibilidad de acceder a crédito o servicios. La titulación cierra esa brecha y convierte la vivienda en un activo real, en un punto de partida.
"Estamos hablando del derecho a la propiedad privada como base de la proyección de vida y la seguridad de las familias colombianas", señaló Agudelo Sedano, quien calificó la iniciativa como una de las apuestas institucionales más importantes del Gobierno Nacional.
Las regiones más golpeadas, las más beneficiadas
El programa no operó de forma aleatoria. Los departamentos con mayor concentración de beneficiarios coinciden con aquellos históricamente más afectados por la violencia. Meta encabeza la lista con 3.003 víctimas formalizadas, seguido por Cesar con 452, y luego Putumayo y Córdoba. Esta focalización geográfica refleja una intención clara: llevar la reparación exactamente donde el conflicto dejó heridas más profundas.
El perfil de los beneficiarios también revela un componente social destacado. Casi dos tercios, el 65,77%, son madres cabeza de familia, mientras que el 34,22% restante corresponde a padres jefes de hogar. Ese enfoque diferencial no es menor: en territorios donde la guerra desintegró familias y dejó a las mujeres como únicas sostenes del hogar, reconocerlas legalmente como propietarias tiene un peso simbólico y práctico que va mucho más allá de un documento.
Más que un papel: seguridad jurídica frente a nuevas amenazas
La formalización de la propiedad no se agota en la entrega del título. El programa busca blindar a estas familias ante riesgos concretos: desalojos forzosos, disputas por tierras y la vulnerabilidad que genera no tener cómo demostrar legalmente que un espacio les pertenece. En un país donde el despojo fue durante décadas una táctica de guerra, garantizar la tenencia segura equivale a cerrar una de las puertas por las que el conflicto solía entrar.
Luego de más de seis décadas de violencia, la Superintendencia de Notariado y Registro se posiciona como un actor central en la construcción de condiciones mínimas de estabilidad para la población más vulnerada. Su superintendente lo explicó con claridad: "La Supernotariado trabaja para derribar las barreras estructurales que impiden la igualdad ante la justicia. Esto incluye, por supuesto, a las personas afectadas por la guerra".
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La cifra de casi 4.000 familias tituladas puede parecer modesta frente a la magnitud del desplazamiento que vivió Colombia. Pero para cada una de esas familias, ese papel representa algo que el conflicto les negó durante años: la certeza de que tienen un lugar en el mundo que nadie les puede arrebatar.
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