Planeación Nacional presentó la política de 66 acciones para víctimas del desplazamiento forzado, que busca que un 75% supere la vulnerabilidad.

Medios internacionales reportan al menos 40 fallecidos en Venezuela; ONU y organizaciones de derechos humanos advierten sobre violaciones al derecho internacional y posibles ejecuciones extrajudiciales.

Las víctimas advierten que existe una campaña sistemática de persecución tras la condena en primera instancia del exmandatario.

Denuncian que las reacciones de altos funcionarios de Estados Unidos tras la condena a Álvaro Uribe Vélez representan una amenaza a la independencia judicial y solicitan intervención urgente de organismos internacionales.

Otro funcionario en el centro de la controversia es el representante Miguel Polo Polo, quien ha sido señalado por su actuación en contra de los derechos de las víctimas de desaparición forzada.