Gobierno colombiano niega haber intervenido en trámites de residencia para Carlos Ramón González en Nicaragua

El presidente Gustavo Petro salió al paso de las versiones de prensa que aseguran que su Gobierno habría gestionado la residencia de Carlos Ramón González en Nicaragua. A través de un mensaje en su cuenta oficial de X, el jefe de Estado fue enfático en afirmar que “el Gobierno no ha solicitado a ningún país algún tipo de privilegio” para el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

“Esto es una mentira como cosa rara en @CaracolRadio. El gobierno es el presidente y el ministro del ramo, en este caso la canciller. Ninguno de los dos hemos pedido dar residencia a Carlos Ramón González en ningún país del mundo. Si @CaracolRadio tiene prueba alguna de la participación de la canciller o mía en esa solicitud, que la exponga, sino, le solicito públicamente su rectificación”, escribió el mandatario.

La aclaración se produjo después de que algunos medios informaran que González habría obtenido su estatus de residencia en Nicaragua el 21 de mayo de 2024, coincidiendo con el día en que la Fiscalía le imputó cargos en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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Posición de la excanciller Laura Sarabia

En la misma línea, la excanciller Laura Sarabia desmintió cualquier participación o conocimiento sobre eventuales gestiones para favorecer a González. “No participé ni recibí información alguna sobre trámites de residencia por parte de la Embajada en Nicaragua, circunstancia que se encuentra debidamente registrada en la trazabilidad de la entidad”, afirmó en su cuenta de X.

Sarabia subrayó que la documentación oficial respalda su declaración, evidenciando que no existió intervención de la Cancillería en el trámite señalado por los informes periodísticos.

El caso de Carlos Ramón González

Carlos Ramón González dirigió la DNI y posteriormente el DAPRE durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Actualmente, está vinculado a investigaciones judiciales por supuestas irregularidades cometidas en la UNGRD, entidad que ha sido objeto de escrutinio por casos de corrupción y mal manejo de recursos.

Las publicaciones periodísticas indicaban que su residencia en Nicaragua se habría concretado en una fecha clave para el proceso penal que enfrenta en Colombia, hecho que sirvió de base para insinuar una supuesta gestión diplomática. No obstante, tanto el presidente como la excanciller han rechazado de manera categórica cualquier injerencia institucional en ese trámite migratorio.