La UNP precisó que la Fiscalía General de la Nación entregó la empresa a la SAE, entidad que asumió su administración, reemplazó a los antiguos directivos y tomó control de sus bienes.
El Gobierno ahora busca colaborar estrechamente con las bases cafeteras para analizar a fondo la situación y adoptar medidas que garanticen la sostenibilidad tanto del sector como del fondo.