Alcaldía de Bogotá enfrenta proceso fiscal por detrimento

La Contraloría de Bogotá abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial superior a $2.603 millones, luego de identificar una posible duplicidad en la atención de 1.315 niñas y niños por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Según el órgano de control, esta situación compromete recursos públicos destinados a la primera infancia en la capital del país.

De acuerdo con la entidad, la actuación fiscal se deriva de una indagación preliminar que evidenció que ambas entidades ejecutaron de manera simultánea programas con características similares, dirigidos a la misma población y orientados a garantizar el desarrollo integral de niñas y niños.

Contraloría detectó más de 1.300 casos de atención simultánea

Tras cruzar las bases de datos de la SDIS y el ICBF, la Contraloría estableció que durante 2024 se registraron 339 casos de atención concurrente y que, en lo corrido de 2025, la cifra ascendió a 976. En total, 1.315 menores habrían recibido servicios financiados simultáneamente con recursos públicos de ambas entidades.

Según el ente de control, esta situación contraviene la normatividad vigente, la cual establece que un mismo menor no puede ser beneficiario, al mismo tiempo, de programas financiados por dos entidades del Estado con características similares.

El análisis técnico y financiero permitió calcular un presunto daño fiscal superior a los $2.603 millones. De ese monto, más de $1.025 millones corresponderían a la vigencia 2024 y más de $1.122 millones a la de 2025.

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Señalan fallas en los mecanismos de control

La Contraloría indicó que durante la indagación también se identificaron presuntas deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento implementados por la Secretaría Distrital de Integración Social, al no verificar oportunamente si los beneficiarios ya estaban siendo atendidos por otra entidad pública.

Según el informe, no se aplicaron de manera efectiva herramientas de validación como la Resolución 218 de 2023, el Portafolio de Servicios institucional y los protocolos de seguimiento y verificación, lo que habría permitido que la situación se prolongara durante las vigencias 2024 y 2025.

La actuación fiscal vincula presuntamente a varios funcionarios que ejercieron como subdirectores para la Infancia de la Secretaría Distrital de Integración Social, quienes tenían bajo su responsabilidad el control, seguimiento y correcta ejecución de estos programas.

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Recursos que pudieron ampliar la cobertura

El subdirector de Responsabilidad Fiscal, Diego Samudio Caballero, afirmó que la presunta duplicidad no solo compromete recursos públicos, sino que también reduce la posibilidad de ampliar la cobertura de los programas dirigidos a la primera infancia.

"Esta situación no solo compromete recursos públicos, sino que limita la posibilidad de ampliar la cobertura de los programas dirigidos a la primera infancia. Cada cupo utilizado de manera duplicada representa una oportunidad menos para muchos niños", señaló el funcionario.

Finalmente, la Contraloría de Bogotá aseguró que continuará ejerciendo vigilancia sobre los programas destinados a la protección y garantía de los derechos de la primera infancia, con el propósito de verificar el adecuado uso de los recursos públicos.

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