La alianza regional de países agrupados en el ALBA expresó su apoyo a la convocatoria del mandatario colombiano para instalar un diálogo urgente entre civilizaciones en medio de la Asamblea General de Naciones Unidas.

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, sostuvo que la medida no trae sanciones económicas ni jurídicas y la enmarcó como un gesto político hostil. Reiteró que Colombia mantendrá su estrategia antidrogas con enfoque social.

Los tres países acordaron una hoja de ruta para enfrentar narcotráfico, minería ilegal, tráfico de armas, migración irregular, contrabando y tráfico de especies, con operaciones conjuntas sostenidas en el tiempo.

El Gobierno firmó un convenio con Portugal que permitirá la transferencia de conocimiento y tecnología para garantizar la soberanía en la producción de documentos oficiales.

Cinco jefes de Estado progresistas firmaron una declaración conjunta en defensa de la democracia y la justicia social como pilares para enfrentar el avance de los discursos autoritarios y la desigualdad estructural.