Colombia pide reunión urgente de CELAC por incursión en embajada de México en Quito

El Gobierno colombiano ha solicitado a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) la convocatoria de una reunión extraordinaria para abordar la incursión de las fuerzas de seguridad de Ecuador en la Embajada de México en Quito.

En un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, se expresó la preocupación ante la situación urgente ocurrida en la Embajada de México en la capital ecuatoriana. Colombia ha formulado formalmente esta solicitud a Honduras, quien ostenta la presidencia pro tempore de la CELAC.

El Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano condenó enérgicamente la violación de las normas establecidas por la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas, las cuales constituyen la base fundamental de las relaciones entre los estados.

En palabras de la Cancillería colombiana, “América Latina y el Caribe son regiones de paz, y cualquier diferencia entre los estados debe ser resuelta mediante vías pacíficas y de acuerdo con las normas internacionalmente aceptadas”.

Se hizo hincapié en el carácter de las sedes de las misiones diplomáticas, donde los países anfitriones no tienen jurisdicción, por lo que cualquier acción que viole esta soberanía constituye una clara transgresión.

Asimismo, el Gobierno colombiano anunció su intención de solicitar, a través de las instancias del sistema interamericano de derechos humanos, medidas cautelares para proteger a Jorge Glas Espinel, exvicepresidente de Ecuador, quien se encontraba en la sede de la Embajada de México en el momento de la incursión.

La Cancillería colombiana concluyó su comunicado reiterando su disposición a propiciar espacios de diálogo que contribuyan a la superación de las diferencias entre países hermanos y a ser garante de la paz en la región.

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Por otro lado, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) también se pronunció al respecto, rechazando cualquier acción que ponga en riesgo la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas y reiterando la obligación que tienen todos los estados de respetar las normas del derecho internacional.