"Estamos a un año de un delito de lesa humanidad": presidente Petro sobre el Catatumbo

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la situación en el Catatumbo, luego de que la Defensoría del Pueblo divulgara un comunicado en el que advierte que, a un año de la escalada violenta en la subregión, persisten la guerra y los anhelos de paz. La reacción del mandatario se conoció a través de una publicación en X, en la que vinculó la violencia con la disputa por economías ilegales y planteó el Catatumbo como un territorio donde se anuncia, en sus palabras, el rumbo de “destinos diferentes” para la humanidad.

Estamos a un año de un delito de lesa humanidad: la muerte sistemática de campesinos en el Catatumbo solo por controlar campos de hoja de coca. Sangre del pueblo derramada por simple codicia y poder cuando se hablaba de amor eficaz, vida y paz. Los destinos diferentes de la humanidad en cierta forma se anuncian  en el Catatumbo. La revolución es Vida y punto.

En Tibú (Norte de Santander), la Defensoría presentó dos informes construidos con trabajo de campo y recomendaciones de política pública, y reiteró que la población civil sigue expuesta a afectaciones graves derivadas del control territorial de actores armados ilegales, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes y violencias basadas en género.

También puedes leer: Agencia Nacional de Tierras entrega 6.216 hectáreas a campesinos y víctimas en el Catatumbo

La población civil sigue en el centro del daño

La Defensoría del Pueblo indicó que, un año después del desplazamiento masivo registrado por la agudización del conflicto armado, la población civil continúa enfrentando afectaciones graves. La entidad atribuye ese deterioro a dinámicas de control territorial, a la presión armada sobre comunidades y a la persistencia de violencias que han cambiado la vida cotidiana en los municipios del Catatumbo.

El primer documento, “Catatumbo: persistencia de la guerra y anhelos de paz”, recoge testimonios, crónicas y reclamos de víctimas tras ocho meses de trabajo en territorio. El segundo, “Más allá de la emergencia: recomendaciones para la recuperación temprana y la estabilización del Catatumbo”, fue elaborado junto con el PNUD con el objetivo de plantear medidas de política pública para superar la emergencia y avanzar hacia soluciones duraderas.

La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, sostuvo que el material recogido en el territorio no se limita a una descripción del sufrimiento, sino que apunta a una dimensión más grave de lo ocurrido, a partir de lo narrado por las propias comunidades: “Quisimos darle voz a la gente que vive en el Catatumbo, la que ha enfrentado los daños, los dolores. Los hechos narrados por la gente son crímenes internacionales”.

La decisión de la Corte Constitucional que limitó la acción del Gobierno

La Defensoría recordó que, tras la declaratoria del estado de conmoción interior, se anunciaron medidas para fortalecer la institucionalidad, aumentar la presencia de la fuerza pública, recuperar control territorial, proteger poblaciones vulnerables y avanzar en desarrollo rural, sustitución de cultivos e implementación del Pacto Catatumbo. También señaló que líderes y habitantes le manifestaron a la entidad que varios compromisos no se cumplieron y que el abandono estatal histórico sigue marcando la región.

Sin embargo, ese diseño de respuesta extraordinaria quedó atravesado por decisiones judiciales que limitaron su alcance. La Corte Constitucional avaló de manera parcial la conmoción interior para atender la emergencia humanitaria, pero excluyó los componentes dirigidos a problemas estructurales, y más adelante declaró inexequibles o parcialmente exequibles varios decretos expedidos en ese marco. En paralelo, el Gobierno levantó el estado de conmoción interior mediante el Decreto 467 de 2025, con efectos desde el 24 de abril de 2025, y prorrogó por 90 días la vigencia de algunas disposiciones.

También puedes leer: Corte Constitucional tumbó decreto de conmoción interior en el Catatumbo

Desplazamientos, reclutamiento y violencia que no cede

La Defensoría situó un punto de quiebre en el inicio de 2025, cuando la crisis humanitaria “se desbordó” por la confrontación armada entre el disidente Frente 33 de las extintas Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Desde el 16 de enero del año anterior, esa disputa territorial concentró la atención nacional por la magnitud de sus impactos.

Con base en datos de la Unidad para las Víctimas citados por la Defensoría, entre el 16 de enero y el 7 de diciembre de 2025 fueron incluidas en el Registro Único de Víctimas 105.203 personas, principalmente por desplazamiento forzado (101.587), seguido de amenazas (7.777), confinamiento (3.772) y abandono o despojo forzado de tierras (2.948). La entidad también advirtió que el drama humanitario fracturó vínculos comunitarios: personas que antes compartían el territorio como vecinos, familiares o amigos quedaron enfrentadas por la lógica de la guerra.

En materia de niñez, la Defensoría señaló que el reclutamiento forzado y la vinculación mediante engaños siguen afectando a niñas, niños y adolescentes. Según el balance divulgado, entre enero y noviembre de 2025 el ICBF reportó la desvinculación de 49 menores en distintos municipios de la subregión, en un escenario donde —según el informe— operan regalos, promesas y presiones armadas que interrumpen proyectos de vida.

Minas, drones y secuestro: una guerra que muta y encierra a la gente

El comunicado advierte que el conflicto en el Catatumbo incorporó el uso de drones, artefactos explosivos improvisados y minas antipersonal, prácticas que han convertido zonas rurales en campos minados y han facilitado el control territorial de los actores armados. La entidad añadió que, de acuerdo con personeros municipales, estas acciones limitan el trabajo campesino y afectan de forma grave al pueblo indígena Barí, restringiendo movilidad y prácticas culturales por el riesgo permanente de explosiones y por el impacto emocional de la zozobra.

En cifras nacionales citadas por la Defensoría, entre 1990 y el 31 de julio de 2025 se registraron 12.610 víctimas por minas antipersonal y municiones sin explosionar en Colombia: 10.244 lesionadas y 2.366 fallecidas; en Norte de Santander la afectación ascendió a 978 víctimas. Solo entre enero y diciembre del año pasado, se reportaron 20 eventos que dejaron 22 víctimas, al menos una mortal, en Tibú, Hacarí, San Calixto y Lourdes, atribuidos principalmente al ELN y al Frente 33.

El secuestro aparece como otra herida abierta. Durante 2025 una comisión humanitaria facilitó la liberación de 121 personas, pero 59 permanecían secuestradas al cierre del año, un dato que, en palabras de la Defensoría, sostiene a las familias en angustia e incertidumbre. En ese punto, la defensora Marín dijo que la entidad ha pedido a los actores armados abrir un espacio humanitario y asumir compromisos de respeto a la población civil y al derecho internacional humanitario:

“Les hemos pedido al Frente 33 y al ELN que abran un espacio humanitario y se comprometan seriamente con el respeto a la población civil y al derecho internacional humanitario. Confiamos en que, de alguna manera, puedan entender que esta guerra es de ellos, no de la gente. Que ninguno de los dos grupos va a ganarla, los dos ya la están perdiendo porque atacan a la población sin ningún tipo de reparo por los derechos que tiene, porque muchos de sus hombres mueren también en los combates”.

También puedes leer: Gobierno alcanza 90% de avance en compromisos educativos con el Catatumbo

Lo que sigue: medidas sostenidas y la presión del calendario electoral

La Defensoría reiteró su llamado al Estado para poner en marcha medidas integrales y sostenidas que protejan a la población civil, prevengan el reclutamiento de menores y frenen las violencias basadas en género, además de atender de manera estructural las causas del conflicto mediante presencia estatal efectiva, infraestructura, inversión social y garantías reales de derechos.

En el mismo balance, la entidad advirtió que la persistencia del conflicto ha encendido alertas frente a procesos electorales de 2025 y 2026, al poner en riesgo garantías democráticas, participación política y seguridad de candidaturas e infraestructura electoral, y citó informes de la MOE como confirmación de la gravedad del panorama en la subregión. En ese escenario, el siguiente capítulo no será retórico: la expectativa de las comunidades —recogida por la Defensoría— está puesta en que los anuncios y compromisos se traduzcan en proyectos y presencia del Estado.

📢 Entérate de lo que pasa en Colombia, sus regiones y el mundo a través de las emisiones de RTVC Noticias: 📺 míranos en vivo en la pantalla de Señal Colombia y escúchanos en las 73 frecuencias de Radio Nacional de Colombia 📻.