Cambio de enfoque en las políticas de desarrollo rural mejora expectativas sobre el servicio de riego en el campo

En el sector rural, los avances en los sistemas de riego están dando bases sólidas a la reactivación estable de la economía agraria.
imagen de aspersión de agua en un cultivo en Boyacá
Foto: gobernación de Boyacá, www.boyaca.gov.co

 

La producción del sector rural sigue estando en la base del desarrollo colombiano. Esto se debe a la vocación agrícola del país, la cual depende de las características geográficas que permiten cultivar alimentos con cosechas abundantes en diferentes ciclos, según tiempo, sistema productivo y lugar. 

Esto ha permitido que los colombianos tengan disponibilidad de alimentos (aunque no siempre accesibles) y que puedan participar de los mercados globales con productos que son imprescindibles y de alto consumo. 

De acuerdo con la ONU, el hambre crónica (no tener suficiente comida de forma permanente) afecta a más del 8% de la población mundial (entre 650 y 700 millones de personas en el mundo). 

Por su parte, la inseguridad alimentaria alcanza a una población de entre 2000 y 3000 millones de personas, lo que significa que este problema afecta al menos al 30% de los habitantes del planeta, especialmente, a los niños y los adultos mayores. 

La desigualdad y la pobreza, así como las situaciones de persecución, desplazamiento y exterminio, se integran cruelmente con el fenómeno del hambre. 


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Se necesita comida y hay capacidades para producirla 

Los países suramericanos, especialmente Brasil, Argentina, Perú y Colombia cuentan con un amplio potencial para enfrentar el problema del hambre mundial. De hecho, se estima que la óptima producción y distribución de alimentos en diez o quince países del mundo, incluyendo estos países de la región, pueden generar una oferta suficiente de comida que permitiría solucionarlo. 

Al momento, América Latina produce el 15% de los alimentos del mundo y se considera un continente despensa. En Colombia, entre el 35 y el 40% de las tierras son utilizadas en actividades económicas del sector rural, lo que corresponde aproximadamente a 43 millones de hectáreas de frontera agrícola (Datos de la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria – UPRA). 

El mapa a continuación muestra la frontera agrícola nacional, disponible en el Sistema de Planificación Rural y Agropecuaria (SIPRA):

Fuente: UPRA

 

Sin embargo, de acuerdo con los especialistas en producción agropecuaria, para que la contribución a la solución del hambre se haga realidad y sea sostenible, es necesario que se garanticen niveles suficientes de productividad, lo que implica sistemas productivos técnicamente avanzados y sobre todo, irrigación adecuada para obtener mejores cosechas. El agua es determinante para el rendimiento en los cultivos. 

Las políticas públicas habían descuidado la planificación y adecuación de tierras, pues predominaba la idea de que el Estado debía abandonar la intervención en las actividades económicas, incluso, si fuera para impulsarlas. El campo colombiano fue uno de los sectores más afectados por la ausencia de apoyo gubernamental. 

Luego de varios años de estancamiento, en la actualidad, el gobierno nacional ha enfocado lo esfuerzos en ampliar la cobertura de los sistemas de riego, con fortalecimiento de las organizaciones de usuarios. 


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Esto requiere altas inversiones; se estima que el cumplimiento del Plan Nacional de Riego, incluyendo modernización de los distritos existentes y la construcción de sistemas estratégicos para el desarrollo nacional, cuesta alrededor de los 50 billones de pesos, mientras que la Política Nacional de Adecuación de Tierras (Conpes 3926 de 2018) que está en ejecución (2018-2038) tiene un costo de 15.4 billones de pesos de 2018. 

En la actualidad, se construyen tres distritos de riego de gran escala: Triángulo del Tolima, presupuestado en 345 mil millones de pesos, equivalentes a 146 millones de dólares (Conpes 3357 de 2005, que a la tasa de cambio actual, corresponden aproximadamente a 230 millones de dólares), el distrito de Tesalia – Paicol en Huila, cuyo costo se estableció en 82.210 millones de pesos en 2008 (Conpes 3556 de 2008), alrededor de 305 mil millones a precios de hoy y finalmente, el distrito multipropósito del Río Ranchería, por 347.5 mil millones de pesos de 2005 (Conpes 3362 de 2005) aproximadamente 563 mil millones a precios de hoy). 

La información no está desactualizada, corresponde a los estudios que en su momento se hicieron para sustentar la importancia estratégica de estas obras, que fueron descuidadas por más de veinte años y que solo se han reactivado en la actualidad, tras reconocer que son necesarias para el desarrollo rural del país. 

 

La productividad agropecuaria depende de la adecuación de tierras (sistemas de riego)

Las estructuras que permiten llevar a cabo el riego en los sistemas productivos del campo requieren altas inversiones (a lo que se suman los costosos estudios previos para explorar y medir las capacidades de las fuentes de agua) pero su costo se justifica por los rendimientos y rentabilidad que generan, de forma más estable (el riego puede llegar a triplicar la productividad por hectárea). 

Estos sistemas (los distritos de riego) son como los acueductos, que llegan hasta las viviendas. En este caso, se trata de distribuir el agua hasta los predios rurales y permitir su aspersión del recurso a lo largo y ancho de los cultivos. 

Así como los acueductos son necesarios para la calidad de vida de los hogares, reduciendo la insalubridad y la pobreza, los distritos de riego rural contribuyen a la modernización del campo. Por esto, ambos son servicios públicos y en las regiones de Colombia, se requieren proyectos y recursos públicos para construir los sistemas. 

En la actualidad, el enfoque de los distritos de riego es ambientalmente sostenibles, no se trata solo de aprovechar los caudales de agua y las aguas subterráneas que están presentes en la mayoría del territorio nacional, y que permitirían desarrollar explotaciones agropecuarias de última generación. 

En el contexto de la planificación alrededor del agua, el uso de este recurso implica prácticas de conservación y responsabilidad social ambiental. Según cifras oficiales generadas por la UPRA, sobre los distritos existentes, se estima que, en el país, sólo entre el 8 y el 12% de las tierras productivas son irrigadas mediante estos sistemas, lo que explica la necesidad de ampliar la cobertura mediante proyectos de inversión pública. En otras palabras, esto significa que la mayor parte de los cultivos del país siguen dependiendo de los ciclos de lluvias para su productividad. 

Mediante las nuevas políticas públicas, se busca la reactivación del campo, por lo que se ha puesto especial atención al cumplimiento de las metas en materia de riego. Los nuevos proyectos, además, se orientan hacia un diseño que respete cada vez más los estándares de sostenibilidad, para garantizar la protección y aprovechamiento adecuado del recurso vital del agua. 

El riesgo actual sobre una posible temporada de Fenómeno del Niño en el segundo semestre del año, que podría ser más cruda que las anteriores, así como la persistencia de problemáticas de drenaje en varias zonas del país, que se repiten sistemáticamente, son factores adicionales por los que se muestra la pertinencia de continuar avanzando en este tipo de políticas, a las que no se solía poner la suficiente atención. 

 


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