Según tratados internacionales, extraditar a una persona que ha solicitado asilo podría constituir un crimen internacional o un acto ilícito de extrema gravedad.

El presidente estableció una comparación con las Naciones Unidas, poniendo en duda su efectividad ante las crisis humanitarias contemporáneas.

Colombia advirtió que la acción sienta un precedente peligroso que debilita la soberanía de los Estados y amenaza el orden regional basado en normas internacionales.

El país suramericano rechazó los ataques unilaterales contra embarcaciones en aguas caribeñas y del Pacífico, señalando que la lucha antidrogas no justifica acciones fuera del marco legal internacional.

La directora del DAPRE, Angie Rodríguez, solicitó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) asumir un papel de mediación diplomática para fortalecer el diálogo entre Colombia y EE. UU. La solicitud se presentó en una reunión bilateral.