Los hechos hacen parte del patrón criminal de la Brigada XVI del Ejército Nacional entre 2005 y 2008 que habría dejado al menos 296 víctimas en el departamento.

El presidente Gustavo Petro respondió al alcalde Federico Gutiérrez, quien lo acusó de promover un golpe de Estado por insistir en la consulta popular rechazada por el Congreso.

Las víctimas afirman que están amparadas por la Sentencia T-281 de 2021 de la Corte Constitucional, que reconoce su derecho a expresarse a través de manifestaciones artísticas.

Este hecho marca un hito en la implementación de la justicia transicional contemplada en el Acuerdo Final de Paz de 2016.

La negativa de Montoya de admitir su responsabilidad en el patrón macrocriminal de los "falsos positivos" identificado por la JEP fue decisivo para su traslado.