Un exdirector del DAS y un general irán a juicio por 'falsos positivos' en Casanare

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) remitió este jueves a 22 personas al Tribunal para la Paz para que reciban Sanciones Propias por su participación en crímenes de lesa humanidad cometidos en Casanare entre 2005 y 2008. Entre los postulados figuran el mayor general retirado Henry William Torres Escalante, el exdirector seccional del DAS Orlando Rivas Tovar, 11 oficiales, seis suboficiales, un soldado y dos civiles.

Una estructura criminal dentro del Ejército

La investigación determinó que los imputados formaron parte de una organización criminal que operó dentro de la Brigada XVI del Ejército. Unidades como el Batallón de Infantería No. 44 Ramón Nonato Pérez y el Gaula Casanare ejecutaron una práctica sistemática de asesinatos de civiles que luego eran reportados como guerrilleros muertos en combate.

Las 612 víctimas acreditadas incluyen mujeres, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad cognitiva. Muchas fueron estigmatizadas como "indeseables": presuntos colaboradores de la guerrilla, desmovilizados, consumidores de drogas, trabajadoras sexuales y miembros de la comunidad LGBTIQ+.

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Presiones e incentivos institucionales

La JEP reveló que el patrón criminal operó bajo un sistema de presiones institucionales para aumentar las bajas en combate. Bajo el mando del mayor general (r) Torres Escalante, comandante de la Brigada XVI entre 2005 y 2007, la unidad alcanzó los primeros lugares en el ranking nacional.

Los militares involucrados recibían a cambio permisos, condecoraciones, comidas especiales, planes vacacionales, cursos en el exterior y traslados a batallones prestigiosos. La organización se apropió de recursos públicos destinados a combatir el secuestro y la extorsión para financiar estas operaciones ilegales.

Modalidades del crimen

La Sala identificó tres formas principales de operar: ejecución de personas capturadas en operaciones legales, asesinato de víctimas previamente señaladas en labores de inteligencia, y la más común, el engaño con reclutadores y falsos informantes que trasladaban a las víctimas desde zonas urbanas hasta lugares apartados donde eran ejecutadas.

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Camino hacia la reparación

Los 22 procesados reconocieron públicamente su responsabilidad en una audiencia en Yopal. Como parte del proceso restaurativo, se propusieron cuatro proyectos: la creación de un "Parque Memoria y Paz" en Yopal, una "Sede Universidad de la Memoria y la Justicia", un "Homenaje al Campesino" y un proyecto de búsqueda de personas desaparecidas.

Las Sanciones Propias no implican cárcel convencional pero sí restricciones de derechos y libertades, además de la obligación de realizar trabajos reparadores para las víctimas y comunidades afectadas.

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