Reino Unido suspende intercambio de inteligencia con EE.UU. por ataques en el Caribe, según CNN

El Reino Unido ha suspendido el suministro de información de inteligencia a Estados Unidos sobre presuntos buques de narcotráfico en el Caribe, en una ruptura significativa con su principal aliado, debido a que considera ilegales los ataques militares estadounidenses contra estas embarcaciones, informó CNN citando fuentes familiarizadas con el asunto.

La decisión británica refleja un creciente escepticismo internacional sobre la legalidad de la campaña militar de la administración Trump en América Latina, que ha causado la muerte de 76 personas desde su inicio en septiembre.

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Cambio radical en la cooperación antidrogas

Reino Unido —que mantiene bases de inteligencia en varios territorios caribeños bajo su control— colaboró con Estados Unidos durante años, proporcionando información para localizar embarcaciones sospechosas de transportar drogas. 

Esta inteligencia se enviaba al Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto del Sur, con sede en Florida, permitiendo que la Guardia Costera estadounidense interceptara los barcos para detenerlos, arrestar a sus tripulaciones e incautar la droga.

Sin embargo, la naturaleza de las operaciones cambió drásticamente cuando Washington comenzó a lanzar ataques letales contra las embarcaciones. Según las fuentes consultadas por CNN, funcionarios británicos temen que la inteligencia proporcionada por su país esté siendo utilizada para seleccionar objetivos militares, lo que llevó a la interrupción del intercambio de información hace más de un mes.

Cuestionamientos legales internacionales

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó el mes pasado los ataques estadounidenses como violaciones al derecho internacional y "ejecuciones extrajudiciales". El Reino Unido comparte esta evaluación, según confirmaron fuentes a CNN.

La controversia radica en el cambio de enfoque de la administración Trump, que pasó de tratar el narcotráfico como un asunto de aplicación de la ley —donde los sospechosos tienen derecho al debido proceso— a una operación militar. La Casa Blanca ha argumentado ante el Congreso que puede matar legalmente a presuntos narcotraficantes porque representan "una amenaza inminente" y son "combatientes enemigos" en un "conflicto armado" con Estados Unidos.

Para respaldar esta posición, el Departamento de Justicia emitió una opinión legal —aún clasificada— y Trump designó a varios cárteles como "grupos terroristas extranjeros". La administración sostiene que sus acciones "cumplen plenamente con el Derecho de los Conflictos Armados".

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Tensiones internas en el Pentágono

Las dudas sobre la legalidad de la campaña también han generado tensiones dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses. El almirante Alvin Holsey, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, ofreció su renuncia durante una tensa reunión en octubre con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, tras cuestionar la legalidad de los ataques. Holsey dejará su cargo en diciembre, apenas un año después de asumir el mando.

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