Presidente solicita a la Fiscalía investigar a ciudadano por presunto acoso y calumnias en redes sociales

El presidente Gustavo Petro solicitó a la Fiscalía General de la Nación abrir una investigación contra Javier Vivas Santana por presuntos delitos de acoso, calumnia y persecución por odio, los cuales, según el mandatario, violan la Constitución de Colombia.

La solicitud se produce luego de que Vivas Santana publicara en su cuenta de Twitter señalamientos contra una mujer en Facebook, a quien acusó de ser "una agente de la izquierda desestabilizadora enlazada con Alex Saab y el cartel de los Soles en el continente". En el mensaje también cuestionaba: "¿Qué hacía en Buenos Aires, la petrista, de un Gustavo Petro?".

Le solicito a @FiscaliaCol investigar este sujeto, se dedica al acoso, la calumnia y la persecusión por odio, violando la constitución de Colombia https://t.co/XU8ExSimht

— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 15, 2025

Antecedente reciente

La petición del presidente se da en un contexto donde las autoridades judiciales han comenzado a tomar medidas más estrictas contra amenazas y hostigamientos en redes sociales dirigidos a funcionarios públicos y defensores de derechos humanos.

Esta misma semana, un juez de Bogotá envió a prisión domiciliaria a Óscar Fernando Fetecua, abogado que fue hallado culpable de amenazar al entonces senador Gustavo Petro a través de la red social X en 2021.

Fetecua fue condenado por el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, tras publicar mensajes como: "Si toma Petro el poder, aparecen de nuevo las AUC y lo bajan del poder como debe ser, muerto en bolsas negras".

Puedes leer: Seis años de prisión domiciliaria para Óscar Fernando Fetecua por amenazar al presidente Petro en X

Sanciones impuestas

Además de la prisión domiciliaria, el juez prohibió a Fetecua usar la red social X durante seis años, estableciendo un precedente sobre las consecuencias legales de proferir amenazas o intimidaciones a través de plataformas digitales.

Estos casos reflejan un endurecimiento en la respuesta judicial frente a conductas que, según las autoridades, sobrepasan el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y configuran delitos penales que afectan la seguridad y los derechos de servidores públicos y ciudadanos.

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