Magistrado que decidió caso Uribe fue cuestionado por favorecer a familiar en escándalo de corrupción judicial

El magistrado Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, actual integrante de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y uno de los jueces que absolvió segunda instancia al expresidente Álvaro Uribe Vélez, vuelve a ser objeto de escrutinio público por antiguos señalamientos de conflicto de intereses y presunta manipulación de pruebas en un proceso judicial en el que figuraba un familiar suyo.

Cuestionamientos previos en el Meta

De acuerdo con publicaciones de El Tiempo y Semana, retomadas por la periodista Cecilia Orozco en su columna de opinión publicada esta semana en el diario El Espectador, Merchán Gutiérrez fue juez de control de garantías en un expediente vinculado al entonces magistrado Alcibíades Vargas Bautista, de la Sala Penal del Tribunal de Villavicencio, quien fue posteriormente condenado por cohecho y prevaricato por acción tras comprobarse que recibió sobornos a cambio de decisiones judiciales favorables.

El problema surgió cuando se conoció que Merchán es concuñado de Vargas Bautista: su hermana, María Claudia Merchán Gutiérrez, está casada con Carlos Alberto Vargas Bautista, hermano del magistrado condenado. Pese a esa relación, el juez Merchán asumió audiencias de control de garantías dentro del proceso, y en una de ellas declaró ilegales las interceptaciones telefónicas que eran pieza clave para la Fiscalía.

Esa actuación fue interpretada por investigadores como una decisión que benefició directamente a su familiar político, al suprimir evidencias que comprometían al entonces magistrado Vargas Bautista. Aunque no fue formalmente acusado, el hecho motivó reclamos por un posible impedimento no declarado, al tratarse de un vínculo familiar de afinidad que podía comprometer su imparcialidad.

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Sin sanción penal, pero con sombra ética

Ninguna autoridad judicial halló responsabilidad penal en su conducta, pero la controversia quedó registrada en informes de prensa y en memorandos internos de la rama judicial. La entonces Comisión Nacional de Disciplina Judicial revisó el episodio, aunque el expediente fue archivado sin sanción.

Analistas del sector consideran que el caso “expuso grietas en los mecanismos de control ético del poder judicial”, al dejar sin consecuencias claras la actuación de un juez que intervino en un proceso donde tenía intereses indirectos.

Merchán y el caso Uribe

Años después, en 2025, el nombre de Manuel Merchán reapareció en la esfera pública al integrar la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá encargada de revisar, en segunda instancia, el expediente contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado de presunto soborno a testigos y fraude procesal.

Merchán actuó como magistrado ponente en la decisión que debía resolver la apelación sobre la continuidad del proceso. Su participación fue destacada por su rigor técnico, pero también ha sido cuestionada por sectores políticos y jurídicos que recuerdan sus antecedentes familiares en casos de aparente parcialidad.

La Corte Suprema de Justicia, por su parte, ha reiterado que “los jueces deben no solo ser imparciales, sino también parecerlo”, subrayando la importancia de evitar cualquier apariencia de favoritismo, especialmente en procesos de alto perfil.

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Contexto: la condena de Alcibíades Vargas Bautista

El 27 de marzo de 2025, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema condenó a Vargas Bautista a 10 años de prisión por cohecho propio y prevaricato, al comprobar que recibió beneficios económicos para favorecer a procesados por homicidio y narcotráfico en el Meta. La sentencia incluyó inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos y una multa equivalente a 306 salarios mínimos legales.

Aunque Merchán no fue parte de esa investigación, su nombre permanece asociado a las irregularidades iniciales del caso, lo que ahora vuelve a resonar en medio de su papel decisivo en uno de los procesos judiciales más sensibles del país.

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