Más de 213.000 abortos seguros: el balance a cuatro años de la despenalización en Colombia

Cuatro años después de que la Corte Constitucional despenalizara el aborto hasta las 24 semanas de gestación en Colombia, las cifras muestran un acceso creciente al procedimiento, pero también revelan que las barreras no han desaparecido. Profamilia, la principal organización prestadora de estos servicios en el país, ha atendido 213.895 interrupciones voluntarias del embarazo desde que entró en vigor la sentencia C-055 de 2022.

Una cifra que sigue en aumento

Solo durante 2025, la entidad registró 59.532 intervenciones, unas 3.000 más que el año anterior. El 94,5 % de esos procedimientos correspondió a abortos farmacológicos realizados antes de la semana 12 de gestación, lo que refleja una tendencia hacia métodos seguros y tempranos. En el otro extremo, apenas el 1 % de las mujeres atendidas tenía más de 24 semanas de embarazo, y en todos esos casos se trató de situaciones enmarcadas en alguna de las tres causales que ya existían antes de la sentencia: malformaciones incompatibles con la vida del feto, riesgo para la salud de la madre o embarazo producto de una violación.

Esta cifra, proporcionada por la ONG, cobra especial relevancia en un contexto en el que no existe un registro oficial consolidado de todos los procedimientos realizados por entidades públicas de salud o EPS. La ausencia de ese dato unificado se explica, en parte, porque una proporción significativa de los abortos aún se realiza por fuera del sistema formal de salud, pese a que la ley lo permite y garantiza su gratuidad.

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El contexto: de la clandestinidad al derecho

Antes del 21 de febrero de 2022, abortar por fuera de las tres causales reconocidas era un delito en Colombia. La Corte determinó que esa tipificación ponía en riesgo la vida y la salud de miles de mujeres, que debían recurrir a clínicas clandestinas para interrumpir su embarazo. Con la sentencia, el alto tribunal ordenó que el procedimiento fuera legal, seguro y gratuito, y en fallos posteriores ha exigido al Estado eliminar obstáculos adicionales, incluidos los que se presentan en territorios indígenas.

En la Sentencia SU-297 de 2025, la Corte fue explícita: "No es admisible, en ningún caso, que las autoridades indígenas le impidan a una persona gestante el ejercicio de la facultad de decidir libremente la interrupción voluntaria del embarazo." Además, en febrero pasado, la Sala Plena reconoció el derecho a una licencia remunerada para quienes decidan interrumpir un embarazo o tengan un aborto espontáneo.

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La polémica en el Concejo de Bogotá

El cuarto aniversario de la sentencia llega en medio de una controversia política. Un proyecto de acuerdo del Concejo de Bogotá proponía imponer requisitos como un examen psicológico para acceder al procedimiento, condición que fue rechazada por múltiples entidades. El alcalde Carlos Fernando Galán objetó la iniciativa por considerarla contraria a los mandatos del alto tribunal, y la Defensoría del Pueblo la calificó como un retroceso en un derecho que aún no termina de consolidarse en todo el país.

El episodio ilustra una tensión que persiste: aunque el marco normativo es sólido, el debate político y social alrededor del aborto en Colombia está lejos de cerrarse.

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